EE. UU. acusa a Nicaragua de usar leyes antilavado como arma de represión y facilitar esquemas ilegales de migración y corrupción

El Departamento de Estado de Estados Unidos alertó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa utilizando la legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (PLD/FT) como un instrumento de persecución política en lugar de una herramienta eficaz contra el crimen organizado. En su informe anual de 2025, Washington denuncia que Nicaragua ha profundizado sus deficiencias estructurales, legales y operativas en la materia, agravando los riesgos regionales de corrupción, trata de personas y migración irregular.

Según el informe, Nicaragua «continúa retrocediendo en materia de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo (PLD/FT)» y sostiene que «el gobierno facilita la trata de personas mediante políticas migratorias laxas que permiten el ingreso y tránsito de miles de migrantes irregulares rumbo a Estados Unidos». Además, se señala que el régimen confisca propiedades de forma ilegal para transferirlas a agencias estatales, en violación del debido proceso.

Aunque en 2024 la Asamblea Nacional aprobó reformas a leyes vinculadas al lavado de dinero, incluyendo la Ley Contra el Crimen Organizado (OCL), el Departamento de Estado subraya que estas modificaciones se están utilizando para «perseguir a opositores en lugar del crimen organizado» y que su implementación «legitima abusos de poder cometidos por la Policía Nacional de Nicaragua». La Fiscalía y la PNN ahora tienen autorización para congelar bienes incluso en ausencia del imputado.

Negocio con la migración

Estados Unidos advierte también que las políticas migratorias permisivas del régimen nicaragüense «alimentan los viajes irregulares por tierra hacia la frontera suroeste de EE. UU.» y que estas prácticas generan «millones de dólares en ingresos para el gobierno» a través de «multas migratorias» impuestas a personas que ingresan sin documentación pero reciben autorización para cruzar el país.

Asimismo, el informe detalla que el gobierno de Ortega ofrece asilo, ciudadanía y naturalización exprés a personas aliadas políticamente, lo cual representa un riesgo añadido para el lavado de activos, en un entorno con 176 empresas registradas en zonas francas.

Sanciones y control autoritario sobre el sistema financiero

El Departamento del Tesoro impuso sanciones en 2024 a la fiscal general Wendy Carolina Morales Urbina por su rol en la represión de disidentes, y al Centro de Entrenamiento del Ministerio del Interior ruso en Managua, que entrena a la Policía Nacional. También fueron sancionadas las compañías mineras COMINTSA y Capital Mining por facilitar el lucro del régimen mediante el control del oro.

En materia de supervisión financiera, el gobierno nicaragüense ha reemplazado a los representantes judiciales y militares del Consejo Nacional Antilavado por funcionarios del círculo de confianza presidencial, como el director de la PNN, el viceministro del Interior, un asesor de seguridad y el presidente del Banco Central. Según Washington, este reordenamiento demuestra que el control financiero está en manos del Ejecutivo y sirve a sus fines políticos.

Caso Puerta de la Montaña y expulsión de opositores

Uno de los hechos más alarmantes que resalta el informe es la condena en marzo de 2024 contra 13 personas ligadas a la organización evangélica estadounidense Puerta de la Montaña, acusadas de lavado de dinero sin pruebas ni debido proceso. Fueron sentenciadas a entre 12 y 15 años de prisión y multadas con más de 1.000 millones de dólares. Posteriormente, fueron expulsadas del país y despojadas de su nacionalidad como parte del grupo de 135 presos políticos liberados y enviados a Estados Unidos en septiembre de 2024.

Estados Unidos concluye que Nicaragua sigue siendo un país «vulnerable al abuso de los mecanismos PLD», especialmente por el «escaso control sobre el sector aurífero» y la «generación de ingresos a través de la confiscación de bienes». Aunque ha reformado sus leyes para aparentar cumplimiento técnico con los estándares internacionales, la implementación sigue siendo «motivada políticamente».

Finalmente, el Departamento de Estado critica que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Nicaragua no forma parte del Grupo Egmont, red global de unidades antilavado, y lamenta que desde 2021 el régimen no ha compartido información relevante sobre sus esfuerzos contra el blanqueo de capitales.