Trump planea suspender permisos de trabajo a solicitantes de asilo, según revelan funcionarios a CBS News

La administración del expresidente Donald Trump, que retornó a la Casa Blanca en enero de 2025, está considerando una nueva ofensiva contra el sistema de asilo en Estados Unidos.

Según una investigación publicada este martes por el medio estadounidense CBS News, dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmaron que el gobierno de Trump está elaborando una normativa que suspendería de forma indefinida la emisión de permisos de trabajo a la mayoría de los solicitantes de asilo con casos pendientes.

La medida, aún en deliberación interna, representaría una ruptura con décadas de política migratoria que han permitido a las personas solicitantes de asilo trabajar legalmente mientras sus casos eran evaluados.

CBS News señala que esta propuesta ha sido impulsada desde el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), y busca restringir el acceso al empleo como una forma de disuadir lo que los asesores de Trump describen como un «uso fraudulento» del sistema por parte de migrantes con fines económicos.

Actualmente, bajo la ley vigente desde los años 90, un solicitante de asilo puede pedir autorización de trabajo 150 días después de presentar su solicitud, y recibir el permiso tras 30 días más si su caso no ha sido resuelto.

La norma que se estudia en la nueva administración suspendería esa opción hasta que el USCIS sea capaz de resolver los casos dentro de un promedio de 180 días. No obstante, los propios funcionarios del DHS admitieron a CBS News que ese plazo es prácticamente inalcanzable.

Más del 77 % de las solicitudes gestionadas por el USCIS superan los 180 días pendientes, y cerca del 40 % no se resuelven ni siquiera en un plazo de dos años, de acuerdo con un informe de control del propio gobierno estadounidense.

Además, la normativa elevaría el periodo mínimo de espera para solicitar el permiso de trabajo de seis meses a un año, lo que dejaría a decenas de miles de personas en situación de vulnerabilidad económica y legal.

Según los funcionarios del DHS, esta propuesta afectaría tanto a personas con solicitudes de asilo ante USCIS como a aquellas en procesos de deportación ante los tribunales de inmigración, supervisados por el Departamento de Justicia.

El Departamento de Seguridad Nacional respondió a CBS News que no comenta sobre «procesos deliberativos ni posibles decisiones». Sin embargo, defendió su postura general en un comunicado oficial.

«Durante los últimos cuatro años, la administración Biden desmanteló la integridad del sistema de asilo estadounidense. El Departamento está explorando todas las opciones posibles para proteger nuestra seguridad nacional y fortalecer la integridad del programa», declaró el DHS.

Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo, citada por el medio norteamericano, advirtió que esta medida tendría un impacto devastador no solo para los migrantes, sino para la economía de Estados Unidos.

«Los solicitantes de asilo desempeñan papeles cruciales en una amplia gama de empleos: son los médicos y quienes limpian los hospitales», dijo Cruz a CBS News. Añadió que negarles la posibilidad de trabajar legalmente perjudicaría a comunidades enteras y también a los empleadores que dependen de ellos.

Desde su regreso al poder, Trump ha retomado su política migratoria de línea dura. Apenas asumió el cargo en enero, firmó una orden de emergencia que otorga a los agentes fronterizos amplias facultades para realizar deportaciones sumarias, bajo el argumento de que el país enfrenta una «invasión».

Esa política está siendo actualmente impugnada en los tribunales por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que denuncian que viola la ley estadounidense de asilo.

Según datos oficiales citados por CBS News, el USCIS gestiona actualmente más de 1.5 millones de solicitudes de asilo, mientras que los tribunales de inmigración manejan cerca de 2 millones de casos adicionales.

La propuesta de suspender los permisos de trabajo podría afectar a cientos de miles de personas que ya están dentro del país esperando respuesta, profundizando aún más su situación de precariedad y dependencia.