Despiden a 70 trabajadores del extinto CNU, incluyendo militantes sandinistas, y planean una barrida total de 120 empleados

Un total de 70 trabajadores del extinto Consejo Nacional de Universidades (CNU), ahora denominado Consejo Nacional de Rectores de Universidades Públicas, fueron despedidos este viernes 23 de mayo en Nicaragua. Según informaron fuentes de esa institución, los afectados fueron citados a las cinco de la tarde en la oficina del secretario técnico Bismarck Santana, donde recibieron sus cartas de cesantía.

Entre los corridos se encuentra personal vinculado a la expresidenta del CNU Ramona Rodríguez y al exsecretario técnico Jaime López Lowery, así como empleados considerados afines al oficialismo, incluyendo «policías voluntarios» y militantes sandinistas. Según trabajadores del CNU, el despido «fue generalizado, afectando por completo a las áreas de Contabilidad, Auditoría Interna, Administración y Recursos Humanos».

Incluso, dijo nuestra fuente, las directoras de estas áreas —Gloria Romero, Marbely Vallejos y Hazel Arias— también fueron separadas de sus cargos.

En una reunión previa entre Bismarck Santana y algunos directores de áreas, se discutió la reducción drástica del personal. Nuestro informante agregó que en dicha reunión ya se dejó claro que de los 160 trabajadores que laboraban en el CNU, se proyecta despedir a 120, dejando solo a 40 empleados en funciones.

Estos despidos se producen días después del desmantelamiento del CNU impulsado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde finales de 2024, proceso que comenzó con la destitución de Ramona Rodríguez Pérez como presidenta del CNU y rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), de Jaime López Lowery como secretario técnico del CNU y de Gilma Romero Arrechavala, quien fungía como directora de gestión del conocimiento de la misma entidad.

Fuentes internas de la UNAN y del CNU habían advertido a Artículo 66 semanas antes, cuando todavía no se sabía sobre las destituciones, que Ramona Rodríguez sería desplazada de los dos cargos universitarios, lo que se confirmó posteriormente con su reemplazo por Ángela Rosa Munguía Beteta, quien fue nombrada rectora de la UNAN-Managua por orden del régimen, y también fue confirmado con el desmantelamiento del antiguo órgano rector de la educación superior y la instalación oficial del llamado Consejo Nacional de Rectores, cuya noticia fue divulgada directamente por la co-dictadora Rosario Murillo.

Esa nueva instancia que aglutinaría a los rectores de todas las universidades públicas del país, bajo control del sandinismo, habría sido constituida sin ningún marco legal distinto y, según lo anunció Murillo, solo tendrá como secretario técnico a Bismarck Santana, quien ahora aparece mencionado por los trabajadores como el ejecutor de esta barrida en la institución.

Santana es un exdirigente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN). Se hizo conocido porque en 1995, durante las asonadas sandinistas que inestabilizaron a los gobiernos liberales, dirigía una movilización violenta de los estudiantes contra la Policía y ahí perdió una de sus piernas. Posteriormente, Santana trabajaba como docente en la Unan-Managua y llegó a ocupar el cargo de vicerrector de Asuntos Estudiantiles, cargo del que fue defenestrado en octubre de 2024.

Con la salida de Ramona Rodríguez tanto del CNU como de la UNAN, Santa fue reclutado de nuevo. Estuvo merodeando por el recinto universitario Rubén Darío durante algunas semanas e inmediatamente, la dictadura lo premió asignándole el control del CNU, pero ya no como presidente, sino como secretario técnico de ese nuevo Consejo de Rectores, sin especificar cuáles serán las funciones académicas de sus integrantes.

Barrida llega cuando no hay quien los defienda

La cancelación masiva de contratos en el antiguo CNU confirma la consolidación de esta estrategia de control, dejando fuera no solo a trabajadores con vinculación política oficialista, sino también a profesionales de áreas relevantes.

Esta «limpieza» de trabajadores del sistema universitario ha sido acompañada de intimidaciones y presiones para que acepten sin rechinar dientes las nuevas condiciones impuestas por el régimen. Esta barrida ocurre en un momento en que la dictadura ha sembrado miedo entre sus bases y ha castrado a los sindicatos de trabajadores administrativos y docentes y ha sometido por completo al gremio estudiantil que ahora no se atreverá nadie a defender a estos purgados.