La reforma constitucional impulsada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que elimina el derecho a la doble nacionalidad y establece la pérdida automática de la ciudadanía nicaragüense para quienes adquieran otra, ha sido calificada como una medida autoritaria y de carácter político, alejada de los estándares democráticos del derecho internacional; así lo advierte el abogado Juan Diego Barberena, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, quien analizó en profundidad las implicaciones legales e históricas de esta nueva ofensiva jurídica del régimen.
Barberena explicó a Artículo 66 que si bien existen países en el derecho comparado —como Japón, Alemania, Noruega, Colombia, México, Ecuador o República Dominicana— que contemplan la pérdida de nacionalidad al adquirir otra, en muchos de estos casos no opera de manera automática, como pretende imponer el régimen Ortega-Murillo, sino que requiere una renuncia expresa y voluntaria, en reconocimiento del principio universal de que los derechos humanos —como la nacionalidad— son irrenunciables y no pueden quedar a merced del poder del Estado.
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«Esto es típico de los regímenes totalitarios, como el caso de Cuba. En cambio, en democracias como Colombia o República Dominicana, se requiere la renuncia expresa, no es automático, porque el derecho a la nacionalidad es el vínculo jurídico-político más importante entre el ciudadano y el Estado», subrayó Barberena.
El nuevo texto constitucional fue aprobado en primera legislatura la semana pasada y forma parte de una segunda ola de reformas impulsadas por la dictadura, pese a que la misma Constitución aprobada por ellos mismos el pasado 18 de febrero de 2025 contemplaba la posibilidad de la doble nacionalidad. Con esta reforma, se abre la puerta para despojar masivamente de la ciudadanía a miles de nicaragüenses en el exilio, incluidos los ya desterrados y desnacionalizados por la dictadura desde 2023.
El regreso a la oscurana de 1987
El abogado también trazó una línea histórica para contextualizar esta maniobra. Recordó que la Constitución de 1987 ya contemplaba la pérdida de la nacionalidad por adquisición voluntaria de otra. Sin embargo, esa cláusula fue reformada a finales de los años noventa mediante el pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, con fines claramente electorales: permitir que antiguos exiliados liberales pudieran competir en elecciones aun habiendo obtenido otra nacionalidad.
«Se estableció entonces que el ciudadano debía haber renunciado a la segunda nacionalidad al menos cuatro años antes de participar en comicios. Ahora, Ortega-Murillo vuelven al texto de 1987, pero eliminan incluso el requisito de la voluntariedad», indicó Barberena. Esto implica que cualquier nicaragüense que haya adquirido una segunda nacionalidad —incluso de forma forzada, como ocurrió con los apátridas desterrados— podrá ser despojado automáticamente de su condición de nacional.
Barberena alertó que esto no solo viola principios fundamentales del derecho internacional, sino que representa una clara herramienta de represión política, al margen de un Estado de Derecho. «Muchos de los hoy apátridas fueron obligados a buscar otra nacionalidad como una forma de protección jurídica y política. Castigarlos por ello constituye una aberración legal y un uso ilegítimo del orden constitucional», sentenció.
La reforma aún debe ser ratificada en segunda legislatura —lo que, según el procedimiento constitucional, ocurriría en 2026— y entraría en vigencia únicamente después de su publicación oficial con ambas aprobaciones.
Sin embargo, el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, sugirió que la dictadura podría comenzar a aplicar la disposición incluso antes de ese momento, dejando entrever que el régimen usará esta reforma con criterios políticos y no jurídicos.
«Está claro que estamos decretando una reforma que, entrará en vigencia cuando ya esté en su segunda aprobación, a partir de ahí cualquiera al obtener la nacionalidad de otro país, pierde la nicaragüense. La propia constitución dice la no retroactividad de la ley, pero esto va más allá de lo jurídico, esto es moral, esto es de espíritu, es de patriotismo», declaró Porras, dejando implícito que la legalidad será desplazada por el castigo ideológico según los intereses de la dictadura rojinegra.
