Murillo anuncia nueva liberación de mil presos comunes para «molestar a los apátridas e infames»

Diez días después de haber excarcelado a 1.700 reos comunes, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció el 15 de mayo una nueva liberación masiva: mil presos comunes que, según la vocera del régimen sandinista, recibirán el «beneficio de convivencia familiar» el próximo domingo como parte de una celebración política dedicada a Augusto C. Sandino.

En su alocución oficial, la codictadora de facto Rosario Murillo no solo anunció la liberación, sino que la enmarcó en un discurso cargado de insultos contra la disidencia y la prensa independiente. «Tenemos también este domingo (18 de mayo) lo que les molesta a los apátridas, a los golpistas, a los infames. Nueva liberación de personas. Estamos hablando de mil personas (…) que regresen a su familia este domingo», afirmó. Más adelante agregó que con esta medida se honra a Augusto C. Sandino.

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Murillo sostuvo que estas personas «reciben otra oportunidad de rectificar» y que podrán servir a sus familias y a la patria. Sin embargo, sus palabras contrastan con la realidad de al menos un centenar de presos políticos que permanecen en las cárceles del país, muchos en condiciones inhumanas o incluso desaparecidos, según denuncias documentadas por organizaciones de derechos humanos.

Dos liberaciones masivas en 10 días

El pasado 4 de mayo, la dictadura ya había liberado a 1.700 reos comunes, también bajo la modalidad de convivencia familiar. En esa ocasión, la excarcelación fue presentada como parte de las celebraciones del «Día de la Dignidad Nacional». Según datos del Ministerio del Interior, 606 fueron liberados en Tipitapa, 300 en Matagalpa, 274 en Granada, 154 en Chinandega, 111 en Juigalpa, 97 en León, 84 en Estelí y 74 en Bluefields.

Más de 53,600 mil presos comunes liberados desde 2015

Con esta nueva excarcelación de 1,000 reclusos, el régimen de Ortega y Murillo acumula un total de 53.664 presos comunes liberados en los últimos diez años. Según declaraciones oficiales ofrecidas el pasado 14 de febrero, cuando se liberaron otros 2.000 reos, entre el 2015 y el inicio de 2025 ya se habían otorgado medidas de convivencia familiar a 48.964 personas condenadas por delitos comunes.

Las cifras oficiales de la Policía indican que el 8 % de los excarcelados habría reincidido, aunque no se han brindado datos específicos sobre los nuevos delitos ni las consecuencias legales para quienes reincidieron.

Reos comunes sí, presos políticos no

Mientras Ortega y Murillo siguen otorgando libertad a delincuentes comunes —incluidos condenados por robo, violencia intrafamiliar y tráfico de drogas—, más de 100 presos políticos continúan encerrados en el país. Muchos de ellos son víctimas de tortura, aislamiento extremo, incomunicación y otras formas de trato cruel. Algunos, incluso, han sido catalogados como desaparecidos por organizaciones como el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, debido a que fueron trasladados sin previo aviso y se desconoce su paradero.

Todos ellos permanecen privados de libertad sin recibir ningún tipo de beneficio, en una clara aplicación de justicia selectiva que ha sido denunciada como crimen de lesa humanidad por organismos internacionales como el Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU.

La maniobra sandinista

El régimen ha utilizado reiteradamente estas excarcelaciones masivas como instrumentos de propaganda, presentándolas como gestos humanitarios mientras refuerza su discurso de odio contra los opositores y los medios de comunicación que documentan sus abusos.

Mientras los reos comunes reciben ceremonias públicas de excarcelación y discursos oficialistas que les dan «una nueva oportunidad», los presos políticos enfrentan el olvido, la censura y la represión sistemática. La contradicción entre ambas realidades evidencia no una política de reconciliación, sino una estrategia de control político, miedo y castigo.