«Deberían estar presos»: Yaritza Mairena acusa de crímenes a Ramona Rodríguez y su círculo destituido de la UNAN Managua

La ex líder estudiantil Yaritza Mairena, expulsada por la dictadura en 2018 tras participar en la toma de la UNAN Managua, calificó como un acto de justicia simbólica la destitución de Ramona Rodríguez, exrectora de esa universidad, y de otros altos funcionarios universitarios como Luis Alfredo Lobato y Jaime López Lowery, a quienes señaló de haber operado directamente como ejecutores de la represión contra el movimiento estudiantil durante la insurrección cívica de abril.

«Ojalá esto fuera en otra circunstancia, ¿verdad? Y esta destitución correspondiera a un hecho de ley que de alguna forma hiciera pagar a Ramona Rodríguez los crímenes que ha cometido en contra del estudiantado, y no solamente de los estudiantes como tal, sino también de muchos profesores y académicos que han alzado la voz», expresó Mairena en la entrevista con En Contacto, el programa conducido por el periodista Álvaro Navarro.

La activista nicaragüense, exiliada desde hace varios años, recordó que Rodríguez, Lowery y Lobato no fueron meros funcionarios obedientes, sino figuras clave en el aparato represivo que operó desde las universidades públicas para sofocar cualquier expresión de disidencia. «Estas tres personas que vos estabas mencionando, Lowery, Lobato y Rodríguez, han sido piezas claves en la represión del 2018 y se merecen estar presos por los crímenes que han cometido: amenazas, persecución, expulsiones arbitrarias, y el ataque a la UNAN y a la Iglesia de la Divina Misericordia el 13 de julio, donde murieron Gerald Vásquez y Francisco Flores», denunció.

Amenazas directas desde el Consejo Universitario

Mairena reveló que, el 8 de mayo de 2018, un día después de la toma de la UNAN Managua, intentaron establecer un canal de diálogo con las autoridades del Consejo Universitario, pero fueron recibidos con intimidación. «Nosotros establecimos una negociación precisamente con estas personas como autoridades del Consejo Universitario en ese momento, y Lobato fue quien nos amenazó con tener repercusiones por el hecho de haberles pedido reformas y atención a las exigencias estudiantiles», contó.

Según Mairena, esa amenaza no fue retórica. «Las consecuencias las vimos luego: expulsiones arbitrarias de nuestras carreras universitarias, criminalización, detenciones arbitrarias y tortura que sufrimos cientos de estudiantes».

Culpables por acción y por convicción

Para la dirigente juvenil, los ahora destituidos del sistema universitario no fueron simples operadores administrativos. «Tienen toda la responsabilidad porque no solamente ejecutaron órdenes del gobierno central, sino que fueron parte de la persecución. Yo no creo que le hayan mandado, por ejemplo, a Lobato amenazarnos. Fue algo que salió de él. Estaban decididos a no permitir reformas en favor de la autonomía universitaria».

También denunció la estructura partidaria construida desde dentro de las casas de estudio: «Permitían la proliferación de banderas rojinegras, la creación de CLS dentro de la universidad, consejos de liderazgo sandinistas, y perseguían a los profesores críticos. Ellos habían creado toda una amalgama de acciones para destruir la autonomía universitaria».

Mairena recordó que la comisión que expulsó a los primeros 84 estudiantes fue conformada por los mismos personajes que hoy han sido removidos. «Los primeros 84 estudiantes que expulsaron fueron expulsados con la firma de Jaime López Lowery y la resolución de Ramona Rodríguez».

Silencio cómplice durante la masacre del 13 de julio

La ex dirigente rememoró el día del ataque a los estudiantes atrincherados en la UNAN Managua, que culminó con su refugio en la Iglesia de la Divina Misericordia. «El 13 de julio nos encontrábamos en una reunión para ver cómo iba a ser la evacuación del recinto. Justo en ese momento inició el ataque. Los paramilitares tomaron la UNAN y permanecieron ahí por varios días, sin que Ramona Rodríguez ni ninguno de estos personajes emitieran un solo pronunciamiento».

Denunció que, lejos de condenar la masacre, la universidad oficialista instauró una efeméride cínica: «Le pusieron el ‘Día de la Alegría’, conmemorando el 13 de julio como un triunfo, cuando lo que ocurrió fue una masacre contra estudiantes desarmados».

Corrupción, negociaciones y verticalidad

Mairena también apuntó al papel de la UNEN en la corrupción institucional. «La UNEN tenía una cuota de representación en el Consejo Universitario, y esa cuota la utilizaban para negociar cargos como el de decanos. Era una dinámica política y no académica».

Sobre la caída de sus antiguos represores, expresó: «Están probando un poco de su propia medicina, del autoritarismo y la verticalidad con la que trabaja el régimen. Bien decía alguien en redes: no tienen fidelidad ni entre ellos mismos, no se tienen confianza».

Criticó la ingenuidad o cinismo del vicerrector Lobato, quien dijo públicamente que le correspondía la rectoría por ley: «Parece que dentro de la dictadura todavía hay gente engañada, como que la ley sirve para algo, como que no entienden quién manda en Nicaragua. Pero no están engañados, solo usan la ley cuando les conviene».

«El sandinismo es un cáncer»

Finalmente, Yaritza Mairena llamó a erradicar el control partidario sobre el sistema universitario como parte de una eventual transición. «El sandinismo es un cáncer que corroe todo lo que tiene que ver con libertades, con independencia de poderes. Por eso mismo creo que depende de nosotros hacer los cambios necesarios y desarrollar esa cultura del sandinismo en todas las instituciones del Estado».

Llamó a que cualquier proceso de justicia incluya no solo cárcel para los responsables, sino una reestructuración institucional profunda: «No solamente es meter presa a Ramona, sino hacer las reformas correspondientes para restituir la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. El sandinismo y la democracia son incompatibles».

Sancionados y desvisados

Las denuncias contra Ramona Rodríguez, Luis Alfredo Lobato y Jaime López Lowery no solo han sido formuladas por víctimas de la represión estudiantil, sino que también han derivado en sanciones internacionales. En diciembre de 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Ramona Rodríguez en la Lista Engel, un instrumento legal que identifica a actores corruptos o antidemocráticos en Centroamérica. Washington la señaló por socavar la autonomía universitaria, facilitar la confiscación de universidades privadas —entre ellas la UCA— y actuar como pieza clave del engranaje represivo del régimen Ortega-Murillo en el ámbito académico.

Un año después, en diciembre de 2024, el Gobierno de Estados Unidos amplió su presión sobre el sistema universitario al sancionar a 20 funcionarios vinculados al Consejo Nacional de Universidades (CNU) y a rectorías públicas por colaborar activamente con el desmantelamiento de la libertad académica en Nicaragua. Aunque el listado no fue publicado en su totalidad, fuentes diplomáticas confirmaron que varios funcionarios universitarios, incluidos rectores y decanos de recintos regionales, sufrieron la revocación de sus visas estadounidenses y restricciones migratorias. Las medidas reflejan el creciente aislamiento internacional del modelo universitario impuesto por la dictadura, convertido en un brazo más de control político y censura institucional.