Este 12 de mayo se cumplen dos años desde que el Reino de España otorgó la nacionalidad por carta de naturaleza a los primeros 14 nicaragüenses declarados apátridas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, una acción que marcó un precedente en la respuesta internacional ante los atropellos contra la ciudadanía cometidos por el régimen sandinista. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de España y representó un gesto de protección y reconocimiento hacia ciudadanos perseguidos por sus ideas y activismo.
Los primeros beneficiarios de esta concesión extraordinaria fueron periodistas, políticos, defensores de derechos humanos, feministas, un sacerdote y personas con larga trayectoria de oposición al régimen. La lista está encabezada por Gertrudis de la Concepción Guerrero Mayorga, esposa del escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez Mercado, y la única del grupo que aún conservaba su nacionalidad nicaragüense.
El resto del grupo lo integran Adolfo Román García, directivo del movimiento opositor Unamos y uno de los desterrados políticos en febrero de 2023; Alexa Gisell Zamora Arana, activista y exiliada política; Álvaro Jesús Somoza Urcuyo, nieto del dictador Anastasio Somoza García; Álvaro Leiva Sánchez, defensor de derechos humanos y director de la ANPDH; y Daysi Tamara Dávila Rivas, integrante de Unamos y ex presa política.
También se incluyó a Ana Margarita Vijil Gurdián, expresidenta de Unamos; Azahálea Isabel Solís Román, abogada y feminista; el padre Carlos Adolfo Zeledón Montenegro, sacerdote de la diócesis de Matagalpa; y Cristian Ernesto Medina Sandino, académico y exrector universitario. El grupo se completó con cuatro periodistas: Carlos Fernando Chamorro y Cristiana Chamorro Barrios, hijos de la expresidenta Violeta Barrios y del mártir de las libertades Pedro Joaquín Chamorro; Camilo de Castro Belli, cineasta e hijo de la poeta Gioconda Belli; y Álvaro Navarro, director de Artículo 66.
El gobierno español resolvió otorgar la nacionalidad por la vía de la carta de naturaleza, un mecanismo excepcional que permite acelerar el trámite en situaciones humanitarias y de especial interés. En este caso, se aplicó como respuesta al despojo arbitrario de la nacionalidad a 317 nicaragüenses en febrero de 2023 —222 personas desterradas el 9 de febrero y otras 94 declaradas traidoras a la patria el 16 de febrero—, una medida que fue ampliamente condenada por organismos internacionales de derechos humanos.
Desde aquella primera resolución del 12 de mayo de 2023 hasta la fecha, España ha concedido su nacionalidad a más de 110 nicaragüenses en situación de apatridia, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el resguardo de quienes han sido perseguidos por motivos políticos. El canciller español, José Manuel Albares, aseguró entonces que su país ofrecía protección y ciudadanía a todos los nicaragüenses arbitrariamente desnacionalizados, un grupo que actualmente ronda los 450 afectados.
A dos años de aquel gesto solidario, los beneficiarios continúan sus luchas desde el exilio, ejerciendo su ciudadanía española como un escudo frente a la represión y como una plataforma desde la cual seguir denunciando los crímenes de la dictadura en Nicaragua.
