El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consumó esta semana la eliminación formal del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), al cancelar los nombramientos de sus últimas dos funcionarias activas, pese a que la institución había sido desmantelada funcionalmente desde hace varios meses. Las decisiones quedaron registradas en los Acuerdos Presidenciales 63 y 64-2025, publicados este viernes, 9 de mayo, en La Gaceta, Diario Oficial.
En el Acuerdo 63-2025, Ortega cancela el nombramiento de Fulvia Patricia Castro Matus como ministra del MEFCCA, cargo que había asumido el 8 de agosto de 2024 tras su destitución como embajadora en Brasil. En paralelo, mediante el Acuerdo 64-2025, el régimen acepta la renuncia de Josefa del Carmen Torres Álvarez, quien ocupaba el puesto de secretaria general desde enero de 2017. Ambas disposiciones surten efecto a partir de su publicación y fueron firmadas el pasado 5 de mayo en Casa de Gobierno por Ortega y Murillo en su calidad de «co-presidentes».
La cancelación de estos cargos ocurre después de que el MEFCCA perdiera todas sus funciones esenciales. Desde enero de 2025, mediante reformas a la Ley 290, el régimen transfirió sus competencias al recién creado Ministerio para la Promoción de Emprendimientos, encabezado por operadores cercanos a Rosario Murillo. Además, programas insignia como Usura Cero, Adelante y Nicavida fueron reubicados en instituciones como el Ministerio de Hacienda y la Procuraduría General de la República.
«El MEFCCA ya había sido vaciado de contenido institucional desde mediados de 2024. La cancelación de estos nombramientos solo certifica lo que en la práctica ya era un hecho: el ministerio era un cascarón administrativo sin funciones, pero con funcionarias que seguían en planilla», explica un exfuncionario del Estado consultado por Artículo 66.
En efecto, a lo largo de 2024, el MEFCCA atravesó un proceso de disolución silenciosa marcado por despidos masivos y denuncias internas de corrupción. Al menos 400 empleados fueron cesados, y varias estructuras operativas se desmantelaron tras los señalamientos de mala administración en los programas sociales promovidos por Rosario Murillo. El caso más sonado fue la salida de la exministra Justa Pérez Acuña, investigada por su manejo de fondos del programa Adelante.
Más tarde, la dictadura sandinista incluso usó como pretexto de la corrupción en el MEFCCA y su vinculación con el manejo de dinero de los programas sociales para encarcelar a unos 10 fanáticos del régimen a quienes acusó por robo del dinero de esos programas sociales, aunque también los encerró por participar en conspiraciones con Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del FSLN Carlos Fonseca Amador, a través de un grupo de Whatsapp que identificaban como «La Comuna».
Luego de estos hechos, resulta contradictorio que Ortega mantuviera por más de ocho meses a Castro Matus y Torres Álvarez como autoridades de un ministerio que ya solo estaba en los papeles. Para analistas consultados, la medida refleja el manejo discrecional del aparato estatal, donde los cargos se sostienen más por conveniencia política y para contener las críticas por sus fracasos, que por necesidades institucionales y servicio a la gente.
Nombra a otra en el Ministerio de la Camila
Paralelamente, el régimen nombró mediante el Acuerdo Presidencial 65-2025 a Frania Lisset Peralta Obregón como nueva secretaria general del Ministerio para la Promoción de Emprendimientos, una entidad que ha absorbido las funciones del extinto MEFCCA. Peralta tendrá como principales tareas la representación legal del ministerio, la validación de compromisos asumidos entre agosto de 2024 y enero de 2025, y la participación en el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, además de ejecutar orientaciones directas de la Presidencia.
La creación del nuevo ministerio y el desmantelamiento del MEFCCA han sido interpretados como una maniobra para reconfigurar el aparato clientelista del régimen bajo una nueva etiqueta: la «economía creativa». Esta estrategia está ligada directamente a la vicepresidenta Rosario Murillo y su hija Camila Ortega Murillo, quien encabeza la Comisión Nacional de Economía Creativa.
Con estas maniobras, el régimen busca consolidar su control sobre los fondos públicos destinados al emprendimiento y a las bases sociales del sandinismo, mientras deja atrás una institución marcada por la corrupción, el desorden administrativo y la pérdida de legitimidad.
