El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), una de las entidades insignias de Rosario Murillo, fracasó estrepitosamente, pero la vicedictadora quiere disimular su ruina, la de la institución, y ha procedido a crear dos entidades que sustituirán las funciones de esa dependencia gubernamental que por años fue manejada como un brazo clientelista de programas sociales del sandinismo.
Eso sí, la dictadura se esforzó vehementemente por evitar declarar en la nueva ley que esa maniobra es una disolución del MEFCCA y a penas dejaron un párrafo de tres líneas para aceptarlo. Aquí te contamos.
El pasado 10 de enero de 2024, el dictador Daniel Ortega mandó a la Asamblea Nacional, que controla en su totalidad, la «Iniciativa de Ley de Reforma a la Ley No. 290, Ley de organización, competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo, relacionada al Ministerio para la Promoción de Emprendimientos y de reforma a la Ley No. 499 Ley General de Cooperativas, relacionada al INFOCCOP» para que conceda el trámite de formación de ley.
La reforma incluye el mandato de crear un nuevo ministerio de Estado, que llamará Ministerio para la Promoción de Emprendimientos, y lo incorporan como el ministerio número 14, el mismo número que tiene en la ley vigente el MEFCCA, sin aclarar si el Meffca será uno más o lo desaparecen definitivamente, lo que revela que la intención es eliminarlo, pero sin declararlo, para evitar confirmar las noticias que los medios de comunicación hemos publicado desde que empezó el descalabro de la anterior entidad.
A la vez, agrega un nuevo ente descentralizado que estará bajo la dirección de la Procuraduría General de la República (PGR), que bautiza como Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo (INFOCOOP).
El Ministerio para la Promoción de Emprendimientos tendrá todas las funciones y atribuciones que tenía el MEFCCA, sobre todo las que tienen que ver con apoyo a la microempresa, producción, turismo cultural, artesanías, gastronomía, agricultura familiar, entre otros.
Además, le da la potestad de coordinar planes y programas para el impulso de los pequeños negocios turísticos, artesanales y culturales, y los faculta para vincularse con otras instancias del gobierno central, gobiernos regionales, municipales y territoriales, dice la iniciativa de ley.
También le ordena establecer y administrar el registro de pequeños negocios, emprendimientos, así como pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Además, lo autoriza a «organizar y desarrollar ferias de emprendimiento a nivel nacional, departamental, regional, municipal o territorial como espacios para la promoción, comercialización, transferencia de los saberes tradicionales, generación de oportunidades y encadenamientos productivos… También podrá establecer tiangues, parques de ferias u otros espacios demostrativos, a nivel nacional», funciones que en los años anteriores tenía a su cargo el MEFCCA.
Incluso, establece al Ministerio para la Promoción de los Emprendimientos como «órgano rector» de la Ley 645, Ley de Promoción, Fomento y Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, función que tenía el MEFCCA.
En la iniciativa, Ortega, otra vez, sin decirlo, arrebata el Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) al MEFCCA, y lo designa como ente descentralizado bajo la dirección de la Procuraduría General de la República (PGR), aunque lo presenta como si fuera una entidad nueva. «Créase el Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo, como un ente descentralizado bajo la rectoría sectorial de la Procuraduría General de la República, con autonomía técnica patrimonio propio y personalidad jurídica, cuya denominación podrá abreviarse como INFOCOOP y para los efectos de la presente Ley y su Reglamento se entenderá como la Autoridad de Aplicación», dice la reforma.
El único párrafo en el que confiesa el fracaso del MEFCCA
El Mefcca representó desde su creación en julio de 2012, el manejo privilegiado que hacía Murillo de las políticas asistenciales del régimen, y al parecer, por eso le cuesta aceptar abiertamente que ha fracasado y que tuvo que desmantelar a la entidad.
En la nueva iniciativa de ley de 12 páginas que sería aprobada en los próximos días en el Parlamento rojinegro, hay un único párrafo que hace mención a la «muerte» del MEFCCA. Es el Artículo Quinto, y lo titulan como «Denominaciones»:
«En todo el ordenamiento jurídico nacional donde se mencione al Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, deberá leerse: “Ministerio para la Promoción de Emprendimientos”, exceptuando lo relacionado con el Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo, INFOCOOP, que se traslada bajo la rectoría sectorial de la Procuraduría General de la República», dejó leer la dictadura de los Ortega-Murillo con evidente amargura.
Los premiados con la «muerte» del MEFCCA
Está por verse a quién nombrarán como titular del nuevo Ministerio para la Promoción de Emprendimientos, pero hasta ahora, la dictadura ha exhibido un derroche de recursos públicos para una entidad llamada Comisión Nacional de Economía Creativa, que preside Camila Ortega Murillo, hija de los tiranos sandinistas, desde el 2019.
Por otro lado, siempre en el tema de los «emprendimientos» se ha visto interesada y exprimiendo el erario a la exreina de belleza Xiomara Blandino, segunda esposa de Juan Carlos Ortega Murillo y nuera de los dictadores, quien posee otra organización llamada Nicaragua Emprende.
Cerca de Camila Ortega y de Xiomara Blandino ha estado un sujeto de nombre Humberto González, quien ha figurado en actos públicos oficiales como «Secretario de Economía Creativa y Naranja».
Hasta la fecha, ni la Comisión Nacional de Economía Creativa ni Nicaragua Emprende han brindado detalles de sus «éxitos» promoviendo emprendimientos. Tampoco se conocen estadísticas de pequeños negocios desarrollados con el dinero público que estas entidades han manoseado.
¿Y qué pasó con el MEFCCA?
Del final que tuvo el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa únicamente se sabe lo que publicamos los medios de comunicación independientes.
El gobierno han mantenido bajo secreto el desmantelamiento. Lo que se supo en su momento fue de la barrida de centenares de trabajadores y técnicos. También se supo de la anulación del nombramiento de la ministra Justa Pérez.
La orteguista Justa Pérez Acuña oficialmente fue removida de su cargo como ministra del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca), según el acuerdo presidencial 140-2024, enviado por el dictador Daniel Ortega y divulgado el viernes 9 de agosto de 2024 en La Gaceta.
Lo extraño es que para sustituir a Pérez Acuña, Ortega nombró en el puesto a Fulvia Castro Matus, quien venía de ser embajadora de Nicaragua ante Brasil. El nombramiento de Castro Matus como titular del Mefcca se dio mediante el acuerdo 142-2024.
En agosto de 2024, el medio de comunicación Confidencial publicó sobre la barrida de unos 400 trabajadores y técnicos del Mefcca. En esta institución fueron corridos trabajadores de las delegaciones en Bluefields, León, Chinandega, Masaya y Granada. En cada oficina departamental fueron despedidos entre 20 y 26 empleados, según decía la publicación.
Más tarde, en septiembre de 2024, la dictadura, a través del decreto presidencial 14-2024, ordenó fusionar administrativamente los programas Usura Cero y Adelante, además de arrebatar la administración y ejecución de estos al Ministerio de la Economía Familiar, Cooperativa y Asociativa (Mefcca) y pasarla a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
También se supo que en el Mefcca estaban emplanillados algunos de los fanáticos orteguistas que fueron encarcelados por participar en un grupo de Whatsapp junto al hijo de Carlos Fonseca, donde conspiraban contra Rosario Murillo. Según la acusación oficial de la Fiscalía, estos fanáticos presos fueron acusados por robo al Estado.
La acusación indica que «los coacusados, aprovechándose de sus cargos en entidades públicas, se apropiaron de fondos del erario de la Nación, destinados al otorgamiento de créditos a productores, emprendedores, dueños de pequeños negocios del sector urbano y rural, que estaban dirigidos a mejorar la calidad y competitividad de sus productos».
«Para concretar sus propósitos, los coacusados idearon un entramado delictivo, en el que cada uno, de acuerdo a las funciones que ejercían, recurrieron a información confidencial de los solicitantes de créditos, para hacer creer a estos, que les estarían financiando su emprendedurismo; cuando en realidad, los desembolsos eran para familiares y amigos cercanos de estos coacusados», dice la Fiscalía, controlada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
