La administración del presidente Donald Trump ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia que revoque el fallo de la jueza federal Indira Talwani, quien impidió la cancelación anticipada del programa de parole humanitario implementado durante el gobierno de Joe Biden y que ha beneficiado a más de 500,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
El recurso fue presentado este miércoles por el Departamento de Justicia, con el argumento de que el fallo emitido por la jueza Talwani en abril de este año «interfiere indebidamente» con las facultades del Ejecutivo para gestionar la política migratoria. Talwani, jueza del Tribunal de Distrito de Massachusetts, ordenó que no se podía terminar de manera generalizada el parole sin antes revisar individualmente cada uno de los casos acogidos al programa, como exige la normativa federal.
El programa de parole humanitario, lanzado en enero de 2023, permitió la entrada legal de hasta 30,000 personas al mes provenientes de los cuatro países mencionados, bajo la condición de que contaran con un patrocinador en Estados Unidos que garantizara su sostenimiento económico. Cada beneficiario recibía un permiso de permanencia por dos años, junto con la autorización para trabajar. Según datos oficiales, hasta abril de 2025 más de 530,000 personas han sido admitidas bajo este mecanismo: 170,000 venezolanos, 133,000 haitianos, 95,000 cubanos y cerca de 110,000 nicaragüenses.
La intención de la administración Trump de suspender abruptamente el programa habría afectado tanto a quienes ya residen legalmente en Estados Unidos bajo parole como a quienes estaban en proceso de ingresar al país o a la espera de sus aprobaciones. El plan de cancelación habría tenido un efecto inmediato: dejar en la incertidumbre legal a miles de personas, muchas de ellas ya insertas en el mercado laboral o reunificadas con familiares en suelo estadounidense.
El fallo de la jueza Talwani supuso un respiro para cientos de miles de familias migrantes, al establecer que la administración no puede revocar de forma masiva los permisos sin procedimientos administrativos justos. Aun así, la decisión no es definitiva. La Corte Suprema dio un plazo hasta el 15 de mayo para que los demandantes —beneficiarios del programa y sus patrocinadores— respondan al recurso de Trump.
De los más de 500,000 migrantes que ingresaron bajo parole, organizaciones civiles como el Diálogo Interamericano estiman que entre 90,000 y 100,000 ya han iniciado o completado procesos de ajuste de estatus a través de peticiones de asilo, visas familiares o laborales. El resto —más de 400,000 personas— continúa bajo la figura temporal del parole, lo que significa que al cumplirse los dos años de estadía autorizada podrían quedar expuestos a procesos de deportación si no han regularizado su situación migratoria.
Desde que Trump asumió nuevamente la presidencia en enero de 2025, ha prometido desmantelar las políticas migratorias de su antecesor. El parole humanitario es uno de los programas que ha tachado de «puerta trasera ilegal», alegando que ha incentivado nuevas olas migratorias. Sin embargo, defensores de los derechos de los migrantes insisten en que el programa ha reducido la presión en la frontera sur al ofrecer vías legales y ordenadas de ingreso.
La decisión que tome la Corte Suprema no solo tendrá un impacto inmediato sobre la continuidad del parole, sino que marcará el tono de la política migratoria estadounidense durante los próximos años. Mientras tanto, cientos de miles de familias migrantes viven en la incertidumbre, aferradas al alivio temporal que les dio un permiso que ahora pende de un hilo judicial.
