En tiempos donde las decisiones migratorias en Estados Unidos se juegan con el filo del poder ejecutivo, una jueza federal de Boston, de semblante sereno y razonamiento riguroso, se plantó frente al presidente Donald Trump y dijo: no así. Se llama Indira Talwani, tiene raíces inmigrantes, una carrera brillante en los tribunales, y acaba de firmar uno de los fallos más importantes para la comunidad migrante en lo que va del año.
El 14 de abril de 2025, Talwani bloqueó la revocatoria masiva del parole humanitario para más de 530,000 ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, impidiendo que quedaran en el limbo legal y al borde de la deportación. La jueza dictaminó que el gobierno de Trump violó la ley al cancelar sin evaluación individual los permisos de entrada y trabajo concedidos bajo el programa CHNV, una figura migratoria creada en 2022 por la administración Biden para ofrecer vías legales de ingreso y permanencia temporal en territorio norteamericano.
«La terminación anticipada, sin ninguna justificación caso por caso, de la situación legal de estas personas, socava el Estado de derecho», escribió Talwani en su orden judicial de 41 páginas, en un fallo que no solo ofreció alivio a miles de familias migrantes, sino que reivindicó el principio del debido proceso.
De hija de inmigrantes a magistrada federal
Indira Talwani nació en 1960 en Englewood, Nueva Jersey. Es hija de un destacado geofísico indio y de una madre alemana. Su propia historia familiar está marcada por los desplazamientos y la integración cultural, algo que, según sus colegas, ha influido en su sensibilidad ante casos de migración, derechos laborales y justicia social.
Se graduó con honores en Radcliffe College (hoy parte de Harvard) en 1982, y obtuvo su Juris Doctor en la Universidad de California, Berkeley, en 1988. Allí fue distinguida con la mención Order of the Coif (máximos honores académicos en una escuela de Derecho), un honor reservado a estudiantes de derecho con alto rendimiento académico. Su carrera comenzó como asistente judicial del juez federal Stanley Weigel, en San Francisco. Más tarde, se especializó en litigios laborales en el bufete Segal Roitman LLP, en Boston, donde desarrolló una reputación por su compromiso con los derechos civiles y laborales.
En 2014, fue nominada por el entonces presidente Barack Obama como jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts. El Senado confirmó su nombramiento por mayoría, y Talwani se convirtió en la primera mujer asiático-estadounidense en ocupar ese puesto en el estado. Desde entonces, ha sido una voz influyente en casos de alto perfil.
No esquiva los fallos difíciles
Indira Talwani ha presidido varios casos que han captado la atención nacional. En 2019, ordenó frenar los arrestos de inmigración por parte de agentes del ICE dentro de tribunales en Massachusetts, una práctica que consideró intimidante y disuasoria del acceso a la justicia.
También fue la jueza que sentenció a la actriz Felicity Huffman en el escándalo de admisiones universitarias conocido como «Varsity Blues», donde reafirmó la necesidad de equidad en los procesos educativos.
Pero es su reciente fallo sobre el parole humanitario el que podría marcar un hito en su legado. La jueza no solo cuestionó el fundamento legal de la medida ordenada por Trump, sino que además desnudó sus consecuencias humanas: «Los beneficiarios quedarían forzados a elegir entre dos opciones desfavorables: abandonar el país o enfrentar la deportación. Para muchos, volver significaría persecución o separación familiar», advirtió en su resolución.
La administración Trump había anunciado en marzo que todos los beneficiarios del CHNV debían abandonar el país antes del 24 de abril. Cientos de miles de personas recibieron notificaciones en sus cuentas migratorias advirtiéndoles que sus permisos habían sido revocados. Pero con la suspensión ordenada por Talwani, no solo se detuvo la aplicación de esa revocatoria masiva, sino también el envío de advertencias que ya estaba en curso.
El rostro humano de los «paroleados»
Talwani escuchó los testimonios de migrantes que confiaron en el programa para reconstruir sus vidas. Entre ellos, nicaragüenses como «Andrea Doe», cuyo esposo fue preso político del régimen de Ortega; o «Carlos Doe», perseguido por participar en las protestas de 2018. Todos habían ingresado legalmente a Estados Unidos, estaban trabajando, pagando impuestos y esperando su cita de asilo. Su única «falla» era haber llegado bajo un programa que la nueva administración decidió borrar de un plumazo.
«Esta sentencia es un paso significativo hacia la justicia», celebró Karen Tumlin, directora de Justice Action Center, una de las organizaciones que impulsó la demanda colectiva junto a Human Rights First.
La jueza que honra el Estado de derecho
Indira Talwani no es una figura mediática, pero sus fallos hablan por ella. Su estilo es sobrio, jurídico, sin excesos retóricos, pero con una claridad que deja poco espacio a la interpretación. Su trayectoria, marcada por la ética y la coherencia, le ha valido respeto en los círculos judiciales y entre defensores de derechos humanos en Estados Unidos.
Mientras continúa el litigio que decidirá el futuro del parole CHNV, su fallo representa una pausa indispensable, una línea de contención en tiempos donde las decisiones migratorias pueden cambiar vidas enteras con un clic, o en este caso, con un martillazo.
Talwani recordó al país —y al poder ejecutivo— que el imperio de la ley no es negociable, y que incluso los más vulnerables tienen derecho a que su caso sea escuchado. En un país de inmigrantes, una jueza hija de inmigrantes defendió, una vez más, ese principio que llena de orgullo a millones de estadounidenses que defienden la suerte de vivir en el país de la ley y el orden.
