El fallo de la magistrada Indira Talwani protege a más de medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que habían ingresado legalmente bajo el programa Parole Humanitario. La jueza advirtió que el gobierno no puede cancelar su estatus sin una evaluación individual.
Una jueza federal del estado de Massachusetts asestó este lunes un duro golpe a la política migratoria de la administración de Donald Trump al bloquear temporalmente la revocatoria masiva del parole humanitario que había sido concedido a más de 530.000 ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La magistrada Indira Talwani, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Boston, dictaminó que el gobierno violó la ley al cancelar de forma anticipada y sin evaluación caso por caso los permisos de permanencia y trabajo emitidos bajo el programa CHNV.
En una orden de 41 páginas, Talwani argumentó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no puede despojar a los beneficiarios de su estatus legal «sin ninguna justificación caso por caso», como pretendía hacerlo mediante una notificación del Registro Federal publicada en marzo. La orden ejecutiva firmada por Trump planteaba cancelar todos los paroles activos a partir del 24 de abril, incluso para quienes todavía tenían hasta un año y medio restante de protección legal.
«La terminación anticipada, sin ninguna justificación caso por caso, de la situación legal para los no ciudadanos que han cumplido con los programas del DHS y entraron legalmente al país socava el Estado de derecho», escribió la jueza Talwani, nominada al cargo en 2014 por el expresidente Barack Obama.
El programa de parole humanitario fue establecido originalmente por la administración de Joe Biden para ofrecer una vía segura y legal de entrada a migrantes en situación de riesgo. En su fallo, Talwani reconoció que miles de personas acogidas al programa habían construido sus vidas en EE. UU., obteniendo empleo, vivienda, escolarizando a sus hijos y desarrollando vínculos comunitarios. Cancelar su estatus sin justificación individual, según la jueza, constituye un daño irreparable y una ruptura del principio de confianza legítima.
«Los afectados se verían forzados a elegir entre dos opciones desfavorables: abandonar el país voluntariamente o enfrentar procesos de deportación», advirtió la jueza. Muchos de ellos, señaló, corren riesgo de persecución si regresan a sus países, especialmente los ciudadanos de Nicaragua, Cuba o Venezuela, quienes testificaron haber huido de gobiernos autoritarios o violencia política.
El gobierno de Trump argumentó que el parole CHNV constituía un uso abusivo de la ley migratoria, que solo permite otorgar este beneficio por «razones humanitarias urgentes o por interés público significativo». Además, defendió que su cancelación masiva buscaba evitar que los beneficiarios acumularan dos años de permanencia continua en el país, lo que les abriría la puerta a ciertos beneficios migratorios o dificultaría su deportación expedita. Pero para la jueza Talwani, esa justificación se basa en un «error legal obvio», ya que las personas admitidas legalmente bajo parole no son elegibles para deportación sumaria, independientemente del tiempo de permanencia.
La orden judicial también deja sin efecto las notificaciones que el gobierno ya había enviado electrónicamente a miles de beneficiarios advirtiéndoles que debían abandonar el país antes del 24 de abril o enfrentar consecuencias migratorias adversas. «Usted debe salir de los Estados Unidos ahora», decía el mensaje, según relataron afectados. Varias personas ya habían perdido sus permisos de trabajo sin previo aviso.
La decisión de Talwani fue celebrada por organizaciones de derechos humanos como Justice Action Center y Human Rights First, que promovieron la demanda colectiva en nombre de los migrantes afectados. «Esta sentencia es un paso significativo hacia la justicia», expresó Karen Tumlin, directora del JAC. «Muchas personas en todo el país podrán respirar aliviadas».
Aunque la suspensión es temporal y la batalla legal por el futuro del parole humanitario continúa, el fallo marca un precedente crucial: el Ejecutivo no puede revocar de forma colectiva un beneficio migratorio que fue otorgado con base en procesos legales, sin examinar las circunstancias particulares de quienes lo recibieron.
Indira Talwani, de 63 años, es una magistrada reconocida por su firmeza legal y equilibrio en casos complejos. Fue quien en 2019 bloqueó las detenciones de ICE en los tribunales de Massachusetts y quien sentenció a la actriz Felicity Huffman en el escándalo universitario «Varsity Blues». Su decisión actual no solo protege a más de medio millón de migrantes, sino que reafirma la vigencia del debido proceso en el contexto migratorio más polarizado de las últimas décadas.
