El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa transfiriendo propiedades al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en medio de fuertes sospechas de que se trata de bienes confiscados a nicaragüenses opositores que fueron desnacionalizados y desterrados. Este lunes, 6 de mayo, fueron publicados en La Gaceta Diario Oficial los acuerdos presidenciales 58-2025 y 59-2025, mediante los cuales el Estado dona otras siete propiedades al INSS, ubicadas en los departamentos de Managua y Estelí.
El Acuerdo Presidencial 58-2025, emitido por los dictadores Ortega y Murillo, autoriza a la Procuradora General de la República, Wendy Morales, para comparecer ante la notaría del Estado junto al presidente del INSS y suscribir la escritura pública de donación de cinco propiedades localizadas en el departamento de Managua. Los inmuebles están inscritos en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Garantías Mobiliarias de ese departamento, con los siguientes Números Absolutos de Propiedad (NAP):
- BI-2KY0PPYO, asiento primero
- BI-9A81SLJ, asiento cuarto
- BI-9AFEO6Y, asiento segundo
- BI-XER7EC, asiento segundo
- BI-9AGN0C3, asiento cuarto
Por su parte, el Acuerdo Presidencial 59-2025 autoriza la misma operación para dos propiedades en el departamento de Estelí, también registradas oficialmente, con los siguientes códigos:
- BI-9AHUZSW, asientos quinto y sexto
- BI-2LI680GB, asiento primero
En ambos acuerdos, el régimen justifica la donación asegurando que se busca «fortalecer la seguridad social para todos los nicaragüenses, creando políticas y estrategias orientadas a aumentar la cobertura de la seguridad social de los trabajadores y sus familias».
Sin embargo, todo hace indicar que estas «donaciones» se tratan de propiedades confiscadas a nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad y bienes por el régimen, tras ser condenados sin juicio por supuesta traición a la patria por sus posturas políticas o por hacer alguna crítica a la dictadura rojinegra. Igualmente, podrían ser parte del gigantesco lote de propiedades confiscadas a partir de la cancelación de más de 5,600 organizaciones de sociedad civil que han sido canceladas en los últimos siete años.
Confiscaciones ilegales
Desde febrero de 2023, la dictadura de Ortega ha ejecutado una cadena de desnacionalización, destierro y confiscación de bienes contra opositores políticos. Este patrón represivo comenzó el 9 de febrero de 2023, cuando el régimen desterró a 222 presos políticos a Estados Unidos; continuó el 16 de febrero con la desnacionalización de 94 ciudadanos, entre ellos periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y líderes religiosos; y se extendió el 5 de septiembre de 2024, cuando el régimen desterró a 135 personas que permanecían encarceladas, trasladándolas a Guatemala.
Estos 451 nicaragüenses fueron declarados «traidores a la patria», despojados de su nacionalidad por sentencias judiciales exprés, sin garantías procesales, y sus propiedades fueron automáticamente confiscadas por el Estado. Aunque la dictadura no ha revelado el destino específico de estos bienes, diversas organizaciones opositoras, periodistas y con esta repartidera al INSS, crecen las sospechas de que es esta institución la principal receptora de estas propiedades robadas.
Las «donaciones» recientes
El 24 de abril de 2025, Ortega firmó el Acuerdo Presidencial 56-2025, mediante el cual se donaron otras siete propiedades más al instituto, también bajo sospecha de haber sido confiscadas.
Aunque los nuevos acuerdos publicados en La Gaceta incluyen los números absolutos de propiedad (NAP), estos no coinciden con los números registrales previamente conocidos por los propietarios legítimos, lo cual impide corroborar con certeza su origen. Este cambio en la numeración registral ha sido interpretado como un intento del régimen por encubrir el historial de propiedad y dificultar cualquier reclamo legal futuro.
El uso de estas propiedades para fortalecer la institución de seguridad social pone en evidencia la desesperación de la dictadura sandinista por entregar recursos y bienes al INSS, que enfrenta una fuerte crisis financiera desde hace más de una década, agravada por la mala administración, la corrupción y la manipulación política de sus fondos.
Confiscación impune
Los informes del Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y diversas organizaciones internacionales han documentado que las confiscaciones a nicaragüenses desnacionalizados constituyen una violación directa al derecho internacional, al debido proceso, y configuran elementos de crímenes de lesa humanidad.
