Ortega «dona» 20 propiedades del Estado al INSS en un solo día, todas podrían ser las confiscadas a opositores

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha autorizado la donación de 20 propiedades estatales al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en un solo día, según lo publicado en La Gaceta No. 53, del miércoles 19 de marzo de 2025. Estas propiedades están ubicadas en cinco departamentos del país y fueron transferidas mediante cinco acuerdos presidenciales consecutivos (45-2025 al 49-2025), en los que Ortega ordena a la Procuradora General de la República, Wendy Morales, formalizar la cesión de estos bienes.

El gobierno justifica estas donaciones bajo el argumento de «fortalecer la seguridad social de los nicaragüenses» y mejorar la capacidad institucional del INSS. Sin embargo, la falta de transparencia sobre el origen de estas propiedades y el historial de confiscaciones ilegales ejecutadas por el régimen en los últimos años han generado serias sospechas de que estos bienes podrían haber pertenecido a ciudadanos desterrados y organizaciones confiscadas por el Estado.

Según los acuerdos publicados en La Gaceta, las 20 propiedades transferidas al INSS están distribuidas de la siguiente manera:

• Matagalpa: 13 propiedades (Acuerdo 45-2025)
• Managua: 3 propiedades (Acuerdo 46-2025)
• Rivas: 1 propiedad (Acuerdo 47-2025)
• Masaya: 2 propiedades (Acuerdo 48-2025)
• León: 1 propiedad (Acuerdo 49-2025)

En cada uno de los acuerdos, Ortega autoriza a la procuradora Morales a comparecer junto al presidente del INSS, Roberto López, ante la Notaría del Estado para firmar las escrituras de donación.

Piñata con el «recupere»

Desde 2023, el régimen de Ortega ha ejecutado una serie de confiscaciones de propiedades pertenecientes a opositores políticos, empresarios, defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, bajo el pretexto de ser bienes «recuperados» para el Estado, reviviendo la vieja operación de la Piñata, un despojo que el sandinismo ha hecho cada vez que ha ocupado el gobierno en Nicaragua.

En agosto de 2024, se transfirieron 72 propiedades al INSS, mientras que en febrero de 2025 se registró otra entrega de siete propiedades más.

Según investigaciones de medios independientes, el régimen ha confiscado al menos 135 propiedades en los últimos años, valoradas en más de 250 millones de dólares. Entre los afectados se encuentran exiliados y ciudadanos desnacionalizados por el régimen, cuyas viviendas y bienes fueron tomados arbitrariamente por la tiranía de los Ortega-Murillo.

Organizaciones internacionales y economistas nacionales han señalado que el gobierno nicaragüense está utilizando estas confiscaciones como una estrategia de saqueo para sostener financieramente instituciones en crisis, como el INSS, que desde hace años enfrenta déficit millonarios debido a la corrupción y el mal manejo de los fondos de pensiones.

Así lava el saqueo

El discurso oficial sostiene que la donación de estas propiedades busca «fortalecer la seguridad social», pero el historial de corrupción y el uso discrecional de los bienes confiscados sugieren que estos recursos están siendo utilizados para tapar el colapso financiero del INSS.

El economista, Enrique Sáenz, valora que con esta «donación», el régimen busca «cubrir con un manto de legitimidad los despojos de propiedades de personas opositoras a su gobierno».

El Instituto de Seguridad Social ha sido objeto de múltiples denuncias por malversación de fondos, inversiones fallidas y el desvío de recursos para proyectos políticos del régimen. En 2018, la crisis financiera del INSS fue el detonante de las protestas nacionales, que el gobierno sofocó con una brutal represión, dejando más de 355 muertos, según la CIDH.

Sáenz argumenta que estás donaciones son «una cura frente a una hemorragia» es decir que no mitigan la crisis en la que el mismo gobierno sumergió al INSS.

Por otro lado, señaló que la medida también intenta evitar posibles reclamos de los auténticos dueños de estas propiedades. El economista explicó que anteriormente el gobierno ha regalado propiedades a varias instituciones del Estado, alcaldías y al Ejército, pero en estos casos ha detallado la ubicación, extensión, y número catastral de estos inmuebles.

Mientras el Estado transfiere propiedades al INSS, los afectados por las confiscaciones no tienen posibilidad de reclamar sus bienes, pues el régimen ha eliminado cualquier vía legal para impugnar estas decisiones.