La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó este martes 23 de abril la «donación» de siete propiedades al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) mediante el Acuerdo Presidencial número 56-2025, publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Las propiedades se encuentran ubicadas en el departamento de Managua, pero no se identifican públicamente con direcciones específicas, sino con números catastrales codificados, lo que imposibilita conocer a simple vista su origen y dueños anteriores.
Las propiedades detalladas en el acuerdo presidencial son:
- BI-9A6U8M9, asiento segundo y cuarto
- BI-9ABPI3P, asiento segundo
- BI-9ACX6K1, asiento cuarto
- BI-2KSWVR2S, asiento cuarto
- BI-9A6892M, asiento segundo
- BI-9ACXABL, asiento segundo
- BI-9A99O8A, asiento tercero
Estas referencias corresponden al Registro Público de la Propiedad Inmueble Mercantil y Garantías Mobiliarias del Departamento de Managua y forman parte del sistema de codificación NAP implementado por el régimen, que impide el rastreo transparente de los bienes.
El acuerdo autoriza a la Procuradora General de la República, Wendy Morales, y al presidente del INSS a comparecer ante notaría para formalizar la escritura pública de traspaso, bajo el argumento de «fortalecer la seguridad social» de los nicaragüenses. No obstante, organizaciones civiles y víctimas del despojo advierten que estos bienes podrían haber sido confiscados a opositores políticos, universidades, ONG y a miembros de la Iglesia Católica, en el marco de la arremetida confiscatoria y de despojo de bienes y nacionalidades iniciada en febrero de 2023.
Las cifras respaldan esta posibilidad: al menos 222 presos políticos fueron desterrados y despojados de sus bienes el 9 de febrero de 2023; otros 94 nicaragüenses fueron desnacionalizados y confiscados el 16 de febrero del mismo año; y 135 más fueron expulsados a Guatemala el 5 de septiembre de 2024. En total, más de 450 ciudadanos han sido víctimas de confiscación.
La «donación» de propiedades al INSS —que debe citarse entre comillas, dado que Ortega no transfiere bienes de su propiedad personal— se da en un contexto de crisis crónica del instituto de asegurados. La entidad arrastra una quiebra técnica desde hace años, agravada por el uso político y financiero al que ha sido sometida por la dictadura. El régimen ha recurrido sistemáticamente al traspaso de bienes y al financiamiento directo desde el presupuesto nacional para mantenerlo a flote.
Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), divulgado a inicios de 2025, advirtió que el Estado podría verse obligado a continuar cubriendo los déficits del INSS mediante recursos públicos o con nuevas «donaciones» como las registradas en 2024, cuando Ortega transfirió más de 70 propiedades al instituto.
Además de ordenar la firma de la escritura, el Acuerdo 56-2025 autoriza al presidente del INSS a presentar la aceptación de estas propiedades ante su Consejo Directivo, y faculta a la Procuradora a incluir cláusulas contractuales que «salvaguarden los intereses del Estado» y a ejecutar todos los actos jurídicos necesarios para concretar la operación.
Este nuevo traspaso se suma a una serie de maniobras similares impulsadas por el régimen, que ha acelerado en los últimos meses la redistribución opaca de bienes confiscados, sin transparencia ni justicia para las víctimas de la represión.
