El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó este martes, 6 de mayo, la cancelación del nombramiento de su representante ante la UNESCO, como parte del proceso de ruptura con la agencia de Naciones Unidas luego de que esta otorgara el Premio Mundial a la Libertad de Prensa 2025 al diario nicaragüense La Prensa.
La medida fue publicada en el Acuerdo Presidencial número 61-2025, en La Gaceta Diario Oficial número 79, donde se ordena dejar sin efecto el nombramiento de Rumaldo Arturo Collado Maldonado como Secretario Permanente de la Comisión Nicaragüense de Cooperación con la UNESCO, figura que fungía como representante oficial del Estado ante esa organización.
«Se deja sin efecto el nombramiento contenido en el acuerdo presidencial número 185-2020, de fecha 17 de diciembre del año 2020», indica el decreto firmado por Ortega y Murillo.
La decisión se inscribe en la reacción hostil del régimen ante el reconocimiento otorgado el pasado 2 de mayo por la UNESCO a La Prensa, un medio de comunicación que fue confiscado por la Policía en 2021 y actualmente opera desde el exilio debido a la persecución del régimen contra el periodismo crítico.
Represalia por un premio que Ortega calificó como “macabro”
Tras conocerse el premio, la dictadura emitió un comunicado en el que calificó el acto como una «macabra decisión» y acusó a la agencia de «premiar a terroristas de la comunicación», señalando que la entrega del galardón constituía una acción que «humilla al pueblo y al Estado nicaragüense».
Desde entonces, Ortega y Murillo anunciaron su decisión de romper vínculos con la UNESCO, una medida que ahora se concreta administrativamente con la eliminación del cargo de su representante ante esa agencia especializada en educación, ciencia y cultura.
Profundiza su aislamiento
La cancelación del nombramiento de Rumaldo Collado ocurre en un contexto de aislamiento creciente de Nicaragua respecto a los organismos internacionales. El régimen ha abandonado o expulsado a entidades como la OEA, la OACNUDH, la FAO, la OIT, la OIM y el Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua, alegando «soberanía», aunque en la práctica se trata de una respuesta sistemática a señalamientos de violaciones a los derechos humanos, censura, represión y persecución política.
Con esta medida, Nicaragua rompe formalmente su representación ante la UNESCO, anulando la Comisión Nacional de Cooperación con esa agencia y cerrando otro canal de interlocución multilateral, justo cuando la comunidad internacional exige mayor apertura, transparencia y respeto a los derechos fundamentales.
