La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó ante la Asamblea Nacional la iniciativa de «Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible», la cual, según denunció la organización ambientalista Fundación del Río, prioriza intereses económicos sobre la conservación del patrimonio natural de Nicaragua y abre la puerta a la explotación indiscriminada de las áreas protegidas.
Fundación del Río, tras realizar una revisión preliminar del contenido de la iniciativa enviada el 23 de abril, advirtió que el proyecto representa un cambio drástico en la gestión ambiental del país, en tanto deroga el actual Reglamento de Áreas Protegidas (Decreto Ejecutivo N°01-2007) y facilita el avance de políticas neo-extractivistas impulsadas por el régimen desde 2007.
«Esta iniciativa contiene un cambio drástico en el manejo de las Áreas Protegidas, pues deroga el actual Reglamento de Áreas Protegidas y busca facilitar el saqueo, el despojo y la destrucción de la Madre Tierra», alertó la Fundación en un comunicado.
De acuerdo con la denuncia, entre los principales cambios que incorpora la iniciativa destacan que las Áreas Protegidas pasarán a llamarse Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible (ACADS); podrían modificarse y disminuirse los límites de las áreas actualmente protegidas; se permitirá la realización de actividades económicas dentro de las zonas de conservación; se autorizarán actividades geotérmicas, mineras, de hidrocarburos, cacería de fauna y pesca en áreas protegidas; se permitirá la construcción de infraestructura para almacenamiento de hidrocarburos e infraestructura hidráulica; se elimina la figura del co-manejo de las áreas y se omite el reconocimiento a la labor de los guardabosques indígenas y afrodescendientes; además, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) asumirá el control absoluto, actuando como juez y parte en los delitos ambientales que se cometan en estos territorios.
La organización señaló que el régimen justifica estos cambios argumentando que las bases conceptuales promovidas por organismos internacionales de conservación «no permiten una relación armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza», y que, en consecuencia, se debe transformar la «ruta del crecimiento económico».
Para Fundación del Río, estas modificaciones no son más que una estrategia para institucionalizar el saqueo de los recursos naturales y fortalecer los intereses económicos de quienes están vinculados al poder político. «Los elementos que incorpora dicha iniciativa conducirán a una expansión de actividades extractivas y pondrán en riesgo la integridad de los ecosistemas naturales. El país podría estar expuesto a un aumento del deterioro ambiental de sus Áreas Protegidas y a su eventual destrucción total», advirtió la organización.
Asimismo, lamentó que la gestión y conservación ambiental en Nicaragua se ponga al servicio de los intereses económicos del régimen Ortega-Murillo, y llamó a la comunidad internacional a reaccionar con urgencia: «Hacemos un llamado a la comunidad internacional ambiental a que se pronuncie frente a estos intereses que ponen en riesgo el patrimonio natural mundial».
La iniciativa de ley se encuentra actualmente en proceso de formación en la Asamblea Nacional, controlada en su mayoría por diputados subordinados al régimen, lo que abre la posibilidad de su rápida aprobación en los próximos días.
