La Alianza Fuerza Democrática Nicaragüense, una plataforma de organizaciones políticas opositoras en el exilio, agradeció al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por la decisión de cancelar más de 250 visas a operadores de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y se puso a su disposición para sostener un encuentro en el que, aseguran, le presentarán una hoja de ruta para desmantelar la estructura represiva del régimen.
En una carta enviada este 19 de abril, la alianza saludó la política de restricciones migratorias como una herramienta efectiva para debilitar al régimen sandinista y reconoció el liderazgo del gobierno estadounidense en la defensa de los derechos humanos. «Tales sanciones estamos seguros logran un importante impacto en las bases del régimen y son una medida que contribuyen en esta lucha que los nicaragüenses tenemos por la libertad de nuestro país», indicaron.
El grupo opositor pidió a Rubio que, aprovechando la conmemoración del séptimo aniversario de la rebelión cívica de abril de 2018 —cuando más de 350 personas fueron asesinadas en las calles de Nicaragua—, se refuercen las acciones dirigidas no solo contra los altos mandos del Frente Sandinista, sino también contra «su cadena de socios políticos y testaferros, así como del Ejército y la Policía».
En el documento, también alertaron que «la Nicaragua sandinista no solo es una amenaza para Estados Unidos por su guerra silenciosa en contra de esta gran nación por medio de la promoción y facilitación de la migración irregular, sino que también, por haberse […] constituido en una importante base geopolítica con oscuros acuerdos militares con países enemigos de Estados Unidos como China, Irán, Corea del Norte y Rusia».
La carta concluye con una propuesta directa al jefe de la diplomacia estadounidense: «Estamos a sus órdenes para sentarnos con usted cuando así lo estime conveniente y poderle compartir e intercambiar con usted sobre la hoja de ruta para terminar con este régimen que se ha convertido en una solapada amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y de todo el hemisferio Occidental».
Maradiaga: «Reconocer a Ortega como enemigo de la humanidad es actuar»
El exaspirante presidencial Félix Maradiaga también reaccionó a la cancelación de visas impulsada por el Departamento de Estado, destacando que estas decisiones no son gestos simbólicos, sino medidas con impacto internacional concreto. En un artículo de opinión, recordó que días atrás Marco Rubio calificó al régimen de Ortega, junto con los de Cuba y Venezuela, como «enemigos de la humanidad».
«Las declaraciones del senador Marco Rubio, al calificar al régimen de Ortega y Murillo como “enemigo de la humanidad”, no son una afirmación retórica, sino el reconocimiento explícito de lo que muchos venimos denunciando desde hace años», escribió Maradiaga. «La dictadura sandinista no solo oprime brutalmente al pueblo nicaragüense, sino que actúa como un engranaje dentro de una red internacional de corrupción, crimen organizado y alianzas con las fuerzas más oscuras del orden mundial», añadió.
Maradiaga señaló que el régimen ha convertido a Nicaragua en un enclave estratégico para el crimen transnacional, con vínculos activos con gobiernos autoritarios como Rusia, Irán y China. Aseguró que «estas alianzas no son meramente ideológicas; son estratégicas», y posicionan al país como una amenaza para la seguridad democrática regional.
El opositor también explicó la relevancia de las sanciones migratorias, incluso si los sancionados no tienen planes de viajar a Estados Unidos: «Cuando el gobierno estadounidense impone restricciones migratorias por razones de corrupción, terrorismo o violaciones graves a los derechos humanos, coloca a esa persona bajo un radar internacional que genera consecuencias reales: restricciones en el sistema financiero global, alertas migratorias en países europeos, y una creciente pérdida de movilidad internacional para los perpetradores».
Siete años de sanciones y presión internacional
La medida anunciada esta semana por el Departamento de Estado se suma a una lista de acciones que Estados Unidos ha implementado desde 2018 para presionar al régimen de Daniel Ortega. En el marco de esa política, Washington ha cancelado más de 2,000 visas a funcionarios, operadores políticos, jueces, policías, fiscales y empresarios vinculados al círculo de poder sandinista. Estas restricciones migratorias —aunque no conllevan consecuencias penales— representan un bloqueo al acceso territorial contra los sancionados.
Además de las restricciones de visa, el gobierno estadounidense ha aplicado sanciones más severas a través del Departamento del Tesoro, bajo legislaciones como la Ley Global Magnitsky, la Nica Act y otras designaciones que tiene a su disposición el aparataje político y financiero de Washington. Estas sanciones implican restricciones a los involucrados por su señalamiento como actores corruptos, responsables de graves violaciones a los derechos humanos o amenazas para la seguridad internacional, lo que conlleva el congelamiento de activos, la exclusión del sistema financiero internacional y restricciones económicas multilaterales.
Entre los altos funcionarios sancionados bajo este marco más estricto se encuentran el jefe del Ejército, general Julio César Avilés; el director de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz; el presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto López; la exministra de Salud, Sonia Castro; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la procuradora general de la República, Wendy Morales; y varios miembros del círculo familiar de Ortega y Murillo.
También han sido incluidas instituciones clave del aparato represivo y económico del régimen, como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Banco Corporativo (Bancorp), y la cooperativa financiera Caruna, por facilitar operaciones ilícitas o participar directamente en la represión ciudadana.
A lo largo de los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha reiterado que no descarta medidas adicionales, incluyendo la suspensión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), el principal acuerdo que sostiene las exportaciones nicaragüenses hacia el mercado estadounidense.
En declaraciones recientes, Marco Rubio —ahora al frente del Departamento de Estado bajo la administración de Donald Trump— reafirmó su visión sobre la amenaza que representan las dictaduras aliadas de Managua. «Los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad», declaró, advirtiendo que su desestabilización política ha contribuido a la actual crisis migratoria en el continente.
