El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes, 18 de abril, un nuevo paquete de restricciones migratorias dirigido a más de 250 funcionarios, operadores y beneficiarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una medida que reafirma el compromiso de Washington con la rendición de cuentas frente a los abusos cometidos por la dictadura nicaragüense.
La decisión fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien detalló que con este nuevo grupo de sancionados, Estados Unidos ha restringido la entrada a su territorio a más de 2,000 personas vinculadas al régimen desde el inicio de la represión estatal en abril de 2018.
«Los Estados Unidos no toleraremos los sistemáticos ataques de Ortega y Murillo contra Nicaragua», señaló Rubio en una declaración pública difundida por la Embajada de EE. UU. en Managua. La acción fue ejecutada bajo la autoridad de la Proclamación Presidencial 10309, que prohíbe el ingreso al país, como migrantes o no inmigrantes, a personas que participan en políticas o acciones que socavan las instituciones democráticas.
Siete años de represión y castigo diplomático
Esta nueva ronda de restricciones migratorias coincide con el séptimo aniversario del inicio de la brutal represión contra manifestantes en Nicaragua, una represión que dejó más de 350 muertos según organismos de derechos humanos internacionales, y que ha generado un sostenido éxodo de ciudadanos nicaragüenses.
Desde entonces, el gobierno estadounidense ha implementado una estrategia integral de presión, que ha incluido sanciones económicas, restricciones de visa, y la Ley Nica Act, aprobada en 2018, que limita el acceso del régimen a financiamiento internacional mientras persistan las violaciones a los derechos fundamentales.
Las restricciones de visa han abarcado a miembros de las fuerzas de seguridad, operadores judiciales, funcionarios del sistema electoral, universidades estatales y aliados no gubernamentales de la dictadura. En múltiples ocasiones, el Departamento de Estado ha subrayado que los sancionados han contribuido a la consolidación de un estado autoritario, la persecución política, la censura y la privación arbitraria de nacionalidad.
Respaldo a las víctimas
Rubio destacó que esta acción se realiza en memoria de los nicaragüenses que, desde 2018, han arriesgado sus vidas por un país libre: «Reflexionamos sobre su valentía y deseos de vivir en una Nicaragua libre de tiranía», sostuvo. La declaración marca un tono de solidaridad con los exiliados, las víctimas de la represión y los presos políticos que aún permanecen en las cárceles del régimen.
A lo largo de los últimos dos años, Washington también ha sancionado entidades aliadas del régimen, incluyendo empresas mineras que financian las arcas estatales y centros de formación con vínculos militares, como el instituto ruso establecido en Managua. Estas sanciones han sido impuestas tanto por el Departamento del Tesoro como por el Departamento de Comercio, limitando transacciones y congelando activos de actores clave del entorno de Ortega.
En noviembre de 2024, en respuesta a las sanciones internacionales, la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo aprobó una ley que declara nulas las sanciones extranjeras y prohíbe su reconocimiento por parte de entidades públicas o privadas nicaragüenses. No obstante, expertos han advertido que esta normativa busca blindar judicialmente a los responsables de crímenes de lesa humanidad, sin mayor eficacia en el plano internacional.
Exilio, persecución y aislamiento
La escalada represiva ha provocado que más de medio millón de nicaragüenses abandonen el país desde 2018, muchos de ellos solicitando asilo en Estados Unidos, Costa Rica, España y México. En paralelo, el régimen ha intensificado su aparato represivo, criminalizando a defensores de derechos humanos, periodistas, líderes religiosos y opositores.
Organizaciones como Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU han documentado patrones de crímenes sistemáticos por parte del Estado, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y destierros forzados.
Con estas nuevas restricciones de visa, Estados Unidos refuerza su política de aislamiento al régimen de Ortega y Murillo y envía una señal clara a sus operadores: los abusos cometidos no quedarán impunes.
