El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) notificó, a través del envío de una carta, la terminación del programa parole humanitario que beneficiaba a ciudadanos originarios de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela.
Según el documento oficial emitido por la agencia estadounidense este 29 de marzo de 2025, los acogidos a este beneficio deberán abandonar el país a más tardar el 24 de abril de este año. En caso de no hacerlo, enfrentarán consecuencias migratorias adversas, alerta la misiva.
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La decisión ya se había anunciado semanas atrás, pero esta notificación apresura el retiro de los latinoamericanos que se asentaron en Estados Unidos por medio del parole humanitario y no aprovecharon los dos años de estatus legal para cambiar su estatus migratorio.
Esta medida afecta gravemente a miles de nicaragüenses que encontraron en el parole una vía legal para establecerse temporalmente en Estados Unidos, huyendo de la crisis económica y política que azota a la nación centroamericana desde las protestas sociales de 2018.
Ahora, con la revocación de este amparo, estas personas se ven obligadas a regresar a su país de origen o enfrentar procesos de deportación acelerada bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).
El aviso del DHS también indica que los permisos de trabajo concedidos bajo este programa serán revocados, dejando a miles de inmigrantes en una situación de incertidumbre laboral. «Cualquier persona que continúe trabajando sin autorización tras la revocación de su permiso estará en violación de la ley», se detalla en el documento oficial.
Políticas antiinmigrantes en la era de Trump
La decisión de eliminar el parole humanitario está alineada con las políticas antiinmigrantes impulsadas por la administración de Donald Trump, quien desde su regreso a la Casa Blanca ha endurecido las restricciones contra los migrantes. Esta medida forma parte de una serie de acciones para reducir drásticamente las oportunidades de los inmigrantes latinoamericanos de establecerse en territorio estadounidense, reforzando el discurso de «cero tolerancia» hacia la migración irregular.
El fin del parole representa un duro golpe para los nicaragüenses que, en su mayoría, han huido de la crisis política bajo el régimen de Daniel Ortega. Con pocas opciones para regularizar su estatus, muchos enfrentan el dilema de regresar a una patria en crisis o arriesgarse a la ilegalidad en EE.UU., con el consiguiente peligro de deportación y prohibiciones futuras de entrada.
La revocación del programa afectará de manera significativa a miles de migrantes que no han podido regularizar su situación en Estados Unidos. Las cifras oficiales indican que el programa benefició a unas 532,000 personas, aunque se desconoce cuántas de estas aún conservan su estatus bajo el ‘parole’ o han logrado cambiarlo a otro estatus migratorio que les permita permanecer legalmente en el país.
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Un informe de la organización Diálogo Interamericano estima que aproximadamente el 30% de los beneficiarios, es decir, alrededor de 30,000 nicaragüenses, lograron acogerse a otro estatus migratorio legal. Esto significa que unos 70,000 nicaragüenses que llegaron al país bajo el amparo del ‘parole’ humanitario ahora enfrentan la posibilidad de ser deportados a partir del 24 de abril si no regularizan su situación migratoria.
Diversas organizaciones de derechos humanos han criticado esta decisión, señalando que agrava la situación de miles de familias que buscan un futuro más estable. Sin embargo, el gobierno estadounidense no ha dado señales de reconsiderar la medida, dejando a los beneficiarios del parole con pocas alternativas.
