La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ausentó este martes en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde se presentó el Informe Final del Examen Periódico Universal (EPU) sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua.
La ausencia del régimen orteguista impidió que se adoptara el informe y llevó a la suspensión de la sesión.
«Observo que la delegación de Nicaragua no está en la sala. Les recuerdo que, el 27 de febrero, recibí del ministro de Relaciones Exteriores, Valdrack Jaentschke, una carta donde anunciaba la decisión de Nicaragua de disociarse del Consejo de Derechos Humanos. (…); sin embargo, insistimos en que Nicaragua continúe su cooperación con el mecanismo del EPU», expresó Jürg Lauber, presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Nicaragua tampoco presentó un informe de respuesta ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre las 279 recomendaciones de 88 países, formuladas a partir de pruebas presentadas por un colectivo de organismos de derechos humanos en Nicaragua. Por el contrario, la dictadura ordenó el retiro de la nación del Consejo de Derechos Humanos.
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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) acusó al régimen de cometer crímenes de lesa humanidad con la participación del Ejército, la Policía y otras instituciones públicas. En respuesta, el régimen anunció su retiro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El Examen Periódico Universal es un proceso especial que implica una revisión continua del historial de derechos humanos de los 193 Estados Miembros de la ONU, de manera bilateral. Nicaragua atraviesa su cuarta sesión, en la que el régimen es acusado de usar la represión contra la oposición, la sociedad civil y miembros de la Iglesia católica. Sin embargo, la dictadura ha ignorado reiteradamente los llamados de los mecanismos de la ONU.
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Para el líder campesino Medardo Mairena, «Nicaragua se excluyó de este proceso con el fin de evadir la responsabilidad internacional y continuar su sistema dictatorial, violando los derechos humanos y las libertades fundamentales de los nicaragüenses».
El exiliado subrayó que los organismos internacionales y los países miembros del Consejo de Derechos Humanos seguirán documentando las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
Desde 2018, Nicaragua ha sido acusada por organismos de derechos humanos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, el cierre de más de 3,500 organizaciones no gubernamentales, el cierre de universidades y medios de comunicación, así como el destierro y la desnacionalización de opositores.