El régimen de Daniel Ortega continúa enfrentando un fuerte rechazo de parte de varios países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) respecto a sus candidatos para ocupar la Secretaría General del organismo regional. Tras el fracaso de tres ternas propuestas para el cargo, el canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, ha insinuado que la salida de Nicaragua del SICA es una opción viable ante lo que considera una «actitud politizada» y «discriminatoria» por parte de algunos gobiernos.
En declaraciones al oficialista Canal 13, propiedad de la familia Ortega-Murillo, Jaentschke señaló que, aunque retirarse del organismo es una opción, se trata de una decisión compleja debido al papel histórico que Nicaragua ha jugado en la integración regional. «Es una opción siempre, pero ese Sistema nos cuesta a los nicaragüenses desde la lucha frente a la Colonia. Nos cuesta en la construcción de la Federación de Centroamérica. Nos cuesta como país y no podemos permitir que esos sectores oligárquicos y politizados marquen la agenda del pueblo», declaró el funcionario.
El conflicto se intensificó el pasado 18 de marzo, cuando la última terna presentada por Nicaragua, encabezada por el excanciller Denis Moncada y conformada también por la diputada sandinista Arling Patricia Alonso Gómez y la ministra de la Familia, Johana Flores, fue rechazada nuevamente. Según Jaentschke, la negativa proviene de una decisión política impulsada principalmente por Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana.
El canciller insistió en que la elección de sus candidatos ha sido bloqueada sistemáticamente, sin razón objetiva. «Hasta hoy llevamos tres ternas. Nosotros, con la tolerancia, con la visión de unidad, hemos hecho todo lo posible. Esta última terna está encabezada por el excanciller Denis Moncada, hombre probo, experto, de una capacidad de conducción. No hay razones para cuestionarla», afirmó Jaentschke.
Asimismo, el diplomático nicaragüense denunció que los argumentos para rechazar a sus candidatos no tienen fundamento, ya que los demás países también eligen a sus funcionarios de acuerdo con la lealtad a sus gobiernos. «¿Ustedes no son funcionarios leales a su Estado? ¿No son operadores políticos de su Gobierno? Ser funcionario de un Estado implica tener lealtad a su país y a su Gobierno, por lo que este argumento carece de fundamento», señaló.
Jaentschke también acusó a sectores externos y medios de comunicación de influir negativamente en el proceso. Según su interpretación, se trata de actores antisandinistas que «han logrado atrincherarse en algunos países, principalmente a través de medios de comunicación que sirven a intereses políticos ajenos al Sistema».
El Gobierno de Ortega mantiene su postura de que la Secretaría General del SICA le corresponde a Nicaragua, y Jaentschke advirtió que solo queda una solución: «la única salida a esta situación es que los demás países acepten lo que toca».
Rechazo reiterado a las candidaturas de Ortega: un historial problemático
Desde que el cargo de la Secretaría General del SICA quedó vacante en noviembre de 2023, tras la renuncia del abogado nicaragüense Werner Vargas, el régimen de Daniel Ortega ha presentado varias ternas que han sido rechazadas de manera categórica por la mayoría de los países miembros del organismo. En total, Nicaragua ha propuesto a nueve candidatos distribuidos en tres ternas, y todos han sido rechazados principalmente por su estrecha relación con el régimen de Ortega y su implicación directa en acciones represivas y violaciones a derechos humanos.
Entre los candidatos propuestos destacan:
- Valdrack Jaentschke (actual canciller): Señalado como un operador clave dentro del aparato de espionaje y seguridad de la dictadura, así como en la articulación de estructuras de vigilancia transnacional en Costa Rica y otros países.
- Sonia Castro (ex ministra de Salud): Considerada responsable de crímenes de lesa humanidad por haber negado atención médica a los heridos durante la represión de las protestas de abril de 2018. Organismos internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, la han señalado como autora de estas violaciones a los derechos humanos.
- Orlando Tardencilla (ex embajador de Nicaragua ante la OEA): Figura cuestionada por su papel en la defensa abierta del régimen de Ortega en foros internacionales y por justificar la represión estatal como un mecanismo legítimo.
- Arling Patricia Alonso Gómez (directiva de la Asamblea Nacional): Acusada de ser responsable de la aprobación de leyes represivas utilizadas para perseguir a opositores, disidentes, periodistas y organizaciones no gubernamentales.
- María Amelia Coronel Kinloch (ministra de Gobernación): Identificada como la principal operadora de la confiscación y eliminación del derecho de asociación, habiendo clausurado más de 5.400 organizaciones no gubernamentales en Nicaragua desde que asumió su cargo.
- Denis Moncada Colindres (ex canciller y actual asesor presidencial): Considerado el vocero principal del régimen en foros internacionales, donde ha tratado de justificar las acciones del Gobierno de Ortega y ha negado las evidentes violaciones a los derechos humanos cometidas en Nicaragua.
Los motivos detrás del rechazo
Las razones esgrimidas por Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana para oponerse a los candidatos de Nicaragua están relacionadas principalmente con la naturaleza política y represiva del régimen de Ortega. El historial de violaciones a los derechos humanos y la falta de legitimidad democrática son puntos clave que argumentan estas naciones para no aceptar que un representante del régimen controle la Secretaría General del SICA.
«Son estos cuatro países los que se han opuesto constantemente. Han enviado escritos diciendo que no consideran idóneas a las personas propuestas por Nicaragua y piden que presentemos otras ternas», reveló Jaentschke.
Además, el canciller insiste en que detrás de la negativa se esconde un interés político de sectores antisandinistas que, a su juicio, buscan obstaculizar el ejercicio legítimo de Nicaragua en la dirección del organismo regional. Sin embargo, los hechos indican que la controversia se relaciona más con la reputación de los candidatos propuestos y su historial de acciones represivas contra la población nicaragüense.
