La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, revocó este martes 19 de marzo la aceptación de la renuncia de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Juana Méndez, luego de que su nombramiento como presidenta de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) no se materializara.
El presidente del parlamento, el sancionado Gustavo Porras, justificó la medida argumentando que la principal razón de la dimisión de Méndez –su designación en la CCJ– no se concretó, por lo que se decidió reincorporarla a su cargo en la CSJ.
Un retroceso abrupto
Apenas ayer, 18 de marzo, el «órgano legislativo», como lo ha llamado el régimen Ortega-Murillo, había aprobado la renuncia de Méndez con la intención de que asumiera la presidencia de la CCJ. Sin embargo, en esa instancia regional se eligió una directiva que no incluyó a la magistrada sandinista, lo que desencadenó un cambio de postura del régimen nicaragüense.
Como reacción inmediata, la dictadura de Ortega y Murillo decidió esa misma noche denunciar el convenio de la CCJ y retirar a Nicaragua de este organismo judicial regional.
Ante este escenario, el parlamento sandinista procedió a invalidar la aceptación de la renuncia de Méndez y reincorporarla a la CSJ. La votación fue unánime: 91 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención y ningún diputado presente sin votar.
El discurso de Porras y el control absoluto del régimen
Durante la sesión, Porras oficializó la decisión bajo la misma lógica del sometimiento absoluto de la Asamblea al Ejecutivo: «Entonces nosotros someteríamos a votación hoy la invalidación, el dejar sin efecto la aceptación de la renuncia y por consiguiente la incorporación de la compañera Juana Méndez como magistrado nuevamente en su lugar correspondiente como magistrado de la Corte Suprema de Justicia».
El control del régimen en el parlamento quedó en evidencia con la unanimidad del voto, donde incluso los partidos satélites del Frente Sandinista apoyaron la moción.
La Corte Centroamericana eligió a sus autoridades y no a Juana Méndez
La denuncia del régimen de Ortega y Murillo para retirarse de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y la renuncia de Juana Méndez a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se produjeron justo mientras la CCJ estaba en proceso de elección de sus nuevas autoridades.
El mismo 18 de marzo, la Corte Centroamericana de Justicia informó la elección de su nueva directiva, quedando conformada por:
- César Ernesto Salazar Grande como magistrado presidente.
- Óscar Fernando Chinchilla Banegas como magistrado vicepresidente.
- Silvia Isabel Rosales Bolaños como magistrada.
- Edgar Hernán Varela Alas como magistrado.
La elección de estas autoridades deja en evidencia que, mientras la dictadura en Nicaragua anunciaba la supuesta salida de Juana Méndez de la CSJ para asumir la presidencia de la CCJ, la propia Corte estaba eligiendo a su directiva sin reconocer ese nombramiento.
Este hecho sugiere que el régimen sandinista intentó imponer la figura de Juana Méndez sin que hubiera una elección formal dentro del organismo regional. La confusión y el desconcierto que esto pudo haber generado en la Corte Centroamericana de Justicia podrían haber llevado a la decisión final del régimen de retirarse abruptamente del organismo, evitando así un rechazo público a su maniobra.
Lejos de fortalecer su control en la región, la dictadura de Ortega y Murillo termina aislándose aún más y dejando a Juana Méndez fuera del poder, luego de haberle hecho renunciar a su magistratura en Nicaragua sin garantizarle el cargo en la CCJ.
