El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo volverá a intentar apoderarse de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), insistiendo en la nominación del excanciller Denis Moncada Colindres para ocupar el cargo. Según información obtenida por el Espacio de Diálogo y Confluencia de Actores Nicaragüenses, el gobierno de Nicaragua ha convocado una nueva reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA para este martes 18 de marzo, con el objetivo de que los cancilleres aprueben la propuesta y la envíen a los presidentes de la región para su ratificación.
El SICA es un organismo de integración regional cuya Secretaría General le correspondía a Nicaragua desde 2022, pero la dictadura de Ortega no ha logrado consolidar su dominio sobre el puesto. Tras la inesperada renuncia de Werner Vargas en noviembre de 2023, el régimen ha presentado al menos tres ternas de candidatos, las cuales han sido rechazadas por los países miembros debido a que los postulados no cumplían con los requisitos establecidos en los estatutos del organismo.
Denuncia de la oposición: Nicaragua busca apoderarse del SICA
El Espacio de Diálogo y Confluencia de Actores Nicaragüenses, una plataforma de oposición en el exilio, denunció en una nota de prensa urgente que el régimen de Ortega pretende «apoderarse de la Secretaría General del SICA» con la nueva propuesta de Moncada Colindres.
«Permitir que un régimen responsable de crímenes de lesa humanidad ocupe este cargo significaría normalizar el autoritarismo y socavar profundamente la credibilidad del SICA», señala el Espacio de Diálogo en el comunicado.
Además, el grupo opositor hizo un llamado a los países miembros del SICA para que no respalden la propuesta de Ortega, advirtiendo que este intento de control representa «riesgos significativos, no solo para la institucionalidad democrática de la región, sino para la seguridad del hemisferio y para el futuro mismo de la integración centroamericana».
Los rechazados
Desde que Werner Vargas dejó la Secretaría General, el régimen de Nicaragua ha tenido dificultades para que su candidato sea aprobado por los países de la región. La dictadura ha propuesto varias ternas con nombres de funcionarios afines al gobierno, entre ellos exdiplomáticos, allegados al círculo de poder y algunos sancionados internacionalmente por violaciones a los derechos humanos y corrupción.
Entre los candidatos propuestos y rechazados se encuentran:
- Sonia Castro, exministra de Salud, sancionada por Estados Unidos y Canadá por su participación en la represión contra manifestantes en 2018, particularmente por negar atención médica a los heridos durante la rebelión de abril de ese año.
- Valdrack Jaentschke, actual canciller, señalado como un operador de inteligencia y espionaje de la dictadura en el exterior, acusado por la oposición de estar detrás de estructuras de vigilancia y persecución de opositores en Costa Rica y otros países.
- Arling Patricia Alonso Gómez, diputada sandinista y miembro de la directiva de la Asamblea Nacional, una de las principales artífices de la aprobación de leyes represivas, incluyendo la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la reforma electoral que eliminó la competencia política en Nicaragua.
- María Amelia Coronel Kinloch, ministra del Interior (antes Ministerio de Gobernación), institución que ha dirigido la eliminación de más de 5,400 organizaciones no gubernamentales, la confiscación de sus bienes y la ejecución de una política de persecución contra nicaragüenses, impidiéndoles el ingreso al país o expulsándolos a través de la Dirección de Migración y Extranjería, que depende del Ministerio del Interior.
Estos candidatos han sido rechazados por los países miembros del SICA debido a que no cumplen con los requisitos de imparcialidad, independencia de criterio e integridad establecidos en los estatutos del organismo. Además, muchos de ellos están sancionados internacionalmente y señalados por organismos de derechos humanos por su participación en actos de represión y violaciones a los derechos fundamentales.
Murillo y sus insultos por los rechazos
Tras el rechazo de sus candidatos, la vocera gubernamental y vicepresidenta, Rosario Murillo, ha arremetido públicamente contra los países que se opusieron a las propuestas de Nicaragua. En declaraciones oficiales, Murillo calificó de «insolente e irrespetuosa» la actitud de las naciones que negaron el respaldo a los candidatos nicaragüenses, acusándolas de «servilismo a intereses extrarregionales». Además, advirtió que esta postura podría conducir a la «extinción» del SICA debido a la falta de funcionalidad y desintegración que, según ella, interesa a agentes foráneos que dominan a quienes mantienen esas posiciones.
Por su parte, el canciller Valdrack Jaentschke también expresó su descontento, calificando la negativa de los países miembros como una «insubordinación de gobiernos y cancillerías» y anunció que Nicaragua «tomará medidas» ante lo que considera un «bloqueo ilegal» a sus propuestas para la Secretaría General del SICA.
En su desesperación, el régimen de Managua incluso tuvo trató de presionar a los países para que le aprobaran a Moncada buscando que la Corte Centroamericana de Justicia fallara a su favor y obligara a los cancilleres a votar por su alfil, cosa que al parecer se quedó en nada, porque esa instancia regional que hasta ahora ha mostrado inoperancia absoluta, no se ha pronunciado.
Los países que los han rechazado
La más reciente terna presentada por Nicaragua, encabezada por Denis Moncada Colindres, fue rechazada por Guatemala, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Estos países argumentaron que «ninguna de las personas propuestas reúne los requisitos para desempeñar el cargo de secretario general del Sistema», según una carta conjunta de los cuatro gobiernos.
El rechazo de los candidatos de Ortega ha dejado sin líder a la Secretaría General del SICA, ya que el período que correspondía a Nicaragua está próximo a expirar en 2026, cuando otro país deberá asumir la dirección del organismo. La reunión de este 18 de marzo será clave para determinar si la dictadura logra su objetivo o si, una vez más, su propuesta es descartada por los gobiernos de la región.