El régimen de Nicaragua reaccionó furiosa y ofensiva contra los gobiernos de Guatemala, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, a los que profirió una serie de epítetos que va desde «servirles» hasta «dementes» por haber pospuesto la reunión del Consejo de Cancilleres del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), donde debía discutirse la propuesta de candidatos a secretario general del organismo regional.
Ayer, cuatro de diciembre, estaba programada la reunión de los jefes de la diplomacia de los países que integran el SICA, y en ella se presentarían las nuevas alternativas para ocupar ese alto cargo en representación de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La posposición del encuentro de cancilleres es asumida como un nuevo rechazo a los postulados de la dictadura de Managua. Esta vez, el régimen cuidó de que no se filtraran los nombres para evitar denuncias de parte de los defensores de derechos humanos y la oposición, pero de nada le sirvió.
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La posición asumida por los cuatro países que decidieron rechazar a los candidatos nicaragüenses provocó una virulenta reacción del Ejecutivo sandinista. Emitió una comunicación firmada por el canciller Valdrack Jaentschke, pero que por el estilo y contenido es notable que fue redactada por Murillo; en el que ataca a los gobiernos guatemalteco, costarricense, panameño y dominicano.
En la comunicación, la administración Ortega-Murillo expone antes los países miembros del SICA «la más enérgica protesta por la actitud insolente e irrespetuosa» de los gobiernos de Guatemala, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, a los que acusa de desconocer «la independencia y soberanía de nuestros países en evidentes servilismo e intereses extra regionales».
Entre noviembre de 2023, cuando la dictadura anunció la supuesta renuncia del secretario general del organismo Warner Vargas y este cinco de diciembre, el Consejo de Cancilleres ha rechazado cuatro ternas de candidatos a la SG-SICA enviadas por Ortega y Murillo porque los postulados no reúnen los requisitos establecidos para ese cargo.
Además, ha influido la permanente denuncia de organizaciones opositoras y de DD.vHH. que han señalado que los tiranos pretenden colocar en esa posición a un operador político personal del matrimonio en el poder.
Entre sus propuestas han incluido a funcionarios que la comunidad internacional acusa de participar en la represión y la cadena de corrupción gubernamental. Otros, de los nombres que han resonado en el SICA, son señalados por las Naciones Unidas como criminales de lesa humanidad.
Igualmente, la comunicación oficial señala que «rechazan esos rasgos impropios de nuestra cultura y deberes fraternales en este mundo donde la ignorancia y la irresponsabilidad están dejando tanto atraso y ocurrencias dolorosas a pueblos que, como los nuestros, claman por el derecho a vivir seguros, tranquilos y avanzando contra la pobreza impuesta».
Nicaragua acusa de «injerencismo» a esos gobiernos por negarle el derecho a ocupar el espacio que le corresponde en la Secretaría General de la organización integracionista.
Al Estado de Nicaragua le corresponde ocupar la SG-SICA por un periodo de 4 años, que se vence en 2026. Al no lograr que les aprueben a uno de sus candidatos, le achacan a los cuatro gobiernos estar condenando a la organización a una «paulatina, extinción por infuncionalidad y desintegración».
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De igual manera, acusan a esos estados de rechazar a los postulantes nicaragüenses por responder a «intereses de agentes foráneos».
«Nos pronunciamos y declaramos que no estamos condenados al fracaso, por el contrario, vamos a continuar luchando para que la razón, inteligencia, el intelecto y el interés de nuestros pueblos se impongan y prevalezca el discernimiento que nos permita unir esfuerzos por el derecho de las familias centroamericanas a vivir dignamente y a multiplicar todas las acciones que procuren afianzar concordia, seguridad y bienestar frente a las realidades amenazantes que todos conocemos, el narcotráfico, el crimen organizado y la de la desunión que conlleva desarticulación y abre puertas al abuso, la explotación y el escarnio del saqueo inmisericorde de nuestras riquezas patrimoniales a manos de los inescrupulosos de siempre», dice la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El canciller Valdrack Jaentschke, en nombre de Ortega y Murillo, cierra la comunicación haciendo «un nuevo llamado a considerar el bien común y desterrar la demencia que nos venden en forma de fantasías y pesadillas ególatras e infantiles y absurdos afanes de imposición y poder de uno sobre otros».
