Ortega y Murillo, en la mira de terceros países para determinar su «responsabilidad» en los crímenes de lesa humanidad
El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), presentado el 26 de febrero, remarca la participación de los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo en la ejecución de crímenes de lesa humanidad, lo que podría derivar en procesos judiciales internacionales.
El organismo independiente mandatado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU revela la cadena de mano impuesta en Nicaragua desde 2018 para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales y perpetuar la represión hasta la actualidad por medio de violaciones a los derechos humanos como la privación de la nacionalidad o los destierros forzados.
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El GHREN, creado en marzo de 2022, en el documento presentado ante la ONU, expone que tiene «motivos razonables para creer que el presidente (Daniel Ortega), la vicepresidenta (Rosario) Murillo y los altos funcionarios del Estado y miembros del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) han participado en los crímenes descritos en sus informes», por lo que recomienda la apertura de investigaciones judiciales para determinar su responsabilidad penal individual.
El informe también subraya que el acceso a la justicia para las víctimas es un derecho garantizado por el derecho internacional. Recuerda que, bajo ese principio de jurisdicción universal, los responsables de crímenes de lesa humanidad pueden ser juzgados en terceros países, sin importar dónde se cometieron los delitos o la nacionalidad de las víctimas.
«Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y pueden ser perseguidos por tribunales de otros países bajo el principio de jurisdicción universal», señala el grupo conformado por los reconocidos abogados Jan Michael-Simon, Reed Bródy y Ariela Peralta Distefano.
El GHREN muestra en perspectiva los países que a través de su sistema de justicia han adelantado procesos contra los cabecillas de los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.
Resalta que en diciembre de 2024, el Juzgado Criminal y Correccional Federal Número Cuatro de Argentina abrió una causa contra Ortega y Murillo por crímenes de lesa humanidad, en respuesta a una denuncia presentada por organizaciones de derechos humanos y víctimas del régimen.
«En el marco de esta investigación, el tribunal emitió órdenes de detención contra Ortega, Murillo y otros 16 altos funcionarios del Gobierno nicaragüense, activando la intervención de Interpol para su extradición a Argentina», apunta.
Por su parte, el Ministerio Público Federal de Brasil solicitó cooperación judicial en el caso de ejecución extrajudicial relacionada con el asesinato de la estudiante de medicina en Managua, Raynéia Gabrielle Lima.
La joven, de 31 años, murió baleada por presuntos paramilitares la madrugada del 23 de julio de 2018. En esos meses, la violencia estatal estaba en su máximo nivel. El interés de contener las protestas llevó a desapariciones forzadas, secuestros y asesinatos.
El GHREN advierte que el aparato represivo del régimen nicaragüense, dirigido por Ortega y Murillo, ha sido diseñado para ejecutar violaciones de derechos humanos de manera sistemática. «Todo el aparato represivo está controlado centralmente por Daniel Ortega y Rosario Murillo, apoyados por altos funcionarios del Estado y del partido», asegura el informe.
El aparataje estatal
El reporte detalla cómo la represión en Nicaragua se ha ejecutado en distintas fases desde 2018, con la participación activa de instituciones estatales como la Policía Nacional, el Ejército Nacional, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y la Asamblea Nacional.
Estas entidades han sido instrumentalizadas para ejecutar detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Además, el partido de gobierno, el FSLN, ha coordinado la represión mediante grupos armados de paramilitares y redes de inteligencia que vigilan y persiguen a opositores. Esos parapolicías fueron entrenados por el propio cuerpo castrense.
Igualmente, el informe documenta cómo la Asamblea Nacional ha aprobado leyes que restringen derechos fundamentales y legitiman la persecución política. Por su parte, el Poder Judicial ha negado sistemáticamente garantías procesales y ha facilitado la condena de opositores mediante juicios injustos. La Policía Nacional y el Ejército han operado en conjunto con grupos paramilitares para ejecutar la represión, mientras que el Ministerio del Interior ha gestionado la expulsión de ciudadanos y la privación arbitraria de la nacionalidad de disidentes.
El GHREN mantiene expedientes confidenciales sobre personas vinculadas a estos crímenes, los cuales pueden ser compartidos con Estados y autoridades judiciales para futuras acciones legales.
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El retiro del Consejo de DD. HH. de la ONU
Ante este informe que desnudó a la cúpula sandinista, la dictadura de Nicaragua notificó oficialmente su «decisión soberana e irrevocable» de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de todos sus mecanismos asociados. La comunicación fue enviada al presidente del organismo, Jürg Lauber, en una carta firmada por el canciller Valdrack Jaentschke, en la que el Ejecutivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo rechaza los informes y señalamientos sobre violaciones de derechos humanos en el país.
La decisión del gobierno de Ortega y Murillo llega en un contexto de creciente aislamiento internacional y en respuesta al más reciente informe del GHREN, que documenta crímenes de lesa humanidad en Nicaragua y señala directamente al Ejército como parte del aparato represivo de la dictadura.
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