La dictadura sandinista ignoró 14 comunicaciones del Grupo de Expertos de la ONU donde les preguntaban sobre sus crímenes de lesa humanidad

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, remitió 14 comunicaciones oficiales al gobierno de Nicaragua entre 2022 y 2025, solicitando información sobre los señalamientos de crímenes de lesa humanidad contra altos funcionarios del país. Ninguna fue respondida. Las misivas fueron dirigidas al propio Daniel Ortega y Rosario Murillo, a embajadores y a responsables de instituciones estatales, advirtiéndoles que estaban bajo investigación. En su último informe, el GHREN señala por primera vez al Ejército de Nicaragua como parte de la maquinaria represiva de la dictadura.

Desde 2022, los expertos de la ONU intentaron, sin éxito, obtener información oficial sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. La primera comunicación fue enviada el 21 de noviembre de 2022, notificando formalmente al Ejecutivo el inicio de la investigación. El 8 de diciembre de ese mismo año, los expertos enviaron una segunda carta a Ortega, insistiendo en la necesidad de cooperación. Posteriormente, entre el 28 y el 29 de diciembre de 2022, se remitieron siete comunicaciones más a distintas instituciones del Estado, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, la Defensoría Pública, el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario Nacional.

En 2023, el 22 de febrero, los expertos enviaron una carta a la Misión Permanente de Nicaragua ante la ONU en Ginebra, en medio del escándalo internacional por la confiscación de bienes y la desnacionalización de 317 opositores. Luego, el 2 de agosto de 2023, el GHREN alertó sobre la represión académica y el cierre de universidades en una comunicación dirigida a la pareja presidencial y a las autoridades del Ministerio de Educación. El 22 de noviembre de 2023, los expertos volvieron a solicitar información sobre la persecución y el exilio forzado de nicaragüenses, dirigiéndose directamente a Ortega y a altos funcionarios del poder judicial y migratorio.

En 2024, la represión se intensificó con nuevas expulsiones y destierros. El 27 de mayo, el GHREN remitió otra carta al gobierno nicaragüense, esta vez incluyendo al director de la Policía Nacional, Francisco Díaz, y al Instituto de Medicina Legal, señalando su participación en casos de tortura y tratos crueles a presos políticos. La última comunicación fue enviada el 10 de diciembre de 2024, en el Día de los Derechos Humanos, reiterando la solicitud de información sobre encarcelamientos, destierros y confiscaciones de propiedades, además de insistir en la necesidad de una visita in situ para verificar las denuncias.

En su última carta, los expertos exigieron detalles sobre los casos de las 222 personas desterradas el 9 de febrero de 2023, los 94 ciudadanos desnacionalizados el 15 de febrero de 2023 y los 135 presos políticos encarcelados y expulsados a Guatemala el 5 de septiembre de 2024. También pidieron información sobre la base legal utilizada para la confiscación de propiedades de opositores y la lista de personas a las que el Estado ha prohibido la entrada al país desde 2018.

El ejecutivo de Ortega y Murillo ignoró las 14 comunicaciones, negándose a proporcionar cualquier tipo de información a los investigadores de Naciones Unidas. En su informe de 2025, el GHREN no solo reafirma la existencia de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, sino que por primera vez involucra directamente al Ejército en la represión estatal. El silencio absoluto de la dictadura confirma su estrategia de opacidad y encubrimiento, aumentando la posibilidad de sanciones internacionales más severas y procesos judiciales contra los altos mandos del país. Naciones Unidas ha cumplido con su mandato de investigar y documentar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. El gobierno de Ortega y Murillo, en cambio, ha optado por el silencio y la impunidad.