La codictadora Rosario Murillo fue la que ordenó las expulsiones y las desnacionalizaciones de nicaragüenses a través de una cadena de mando en la que están involucradas el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y el Consejo Supremo Electoral para dejar en condición de apátridas a más de 500 personas, entre ellos religiosos, empresarios, periodistas, escritores, defensores de derechos humanos y creadores de contenido.
«La vicepresidenta (Rosario Murillo) y el viceministro del Interior (Luis Cañas) ordenaron estas expulsiones. El viceministro dio instrucciones a la Dirección General de Migración y Extranjería para que expidiera inmediatamente los pasaportes que les permitieran proceder. Las órdenes fueron transmitidas al director de la Dirección de Migración (comandante de brigada Juan Emilio Rivas)», explica el informe publicado por el Grupo de Expertos de Derechos Humanos en Nicaragua (GHREN).
Según el GHREN, es desde el Ministerio del Interior y un asesor de la dictadura quienes determinan por casos quiénes deben ser expulsados. También revela que se le indicó a la Dirección de Migración y Extranjería declarar vencidos los pasaportes de los desterrados para que no puedan regresar al país, además de emitir órdenes de prohibir a las aerolíneas el regreso de los ciudadanos.
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«El Grupo también documentó tres casos de expulsiones colectivas e individuales en las que estuvo presente el Ministro del Interior y cuatro casos en los que la expulsión fue supervisada por un asesor presidencial. En los casos de expulsión de personas privadas de libertad, el Ministerio del Interior instruyó a los directores de los centros de detención afectados para que los prepararan para su expulsión y los trasladaran al sector militar del aeropuerto internacional de Managua», resalta el documento.
Los brazos armados del régimen, Ejército de Nicaragua y Policía Nacional, igualmente jugaron un papel activo en los destierros orientados por Murillo, pues fueron los encargados de trasladar a los opositores y religiosos al área militar del Aeropuerto Internacional de Managua y zonas fronterizas con Costa Rica.
Entre 2024 y enero de 2025, se registran 349 casos de represión migratoria que incluyen principalmente negación de ingreso al país a extranjeros, retención de pasaportes o prohibición de salida del país para nacionales y el destierro de nicaragüenses. De los 290 destierros, el 64% son hombres, 36% mujeres y seis menores de edad, según el organismo Monitoreo Azul y Blanco.
