La Asamblea Nacional, al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó la reforma del artículo 21 de la Constitución Política de la República para despojar de la nacionalidad nicaragüense a los 222 presos y presas políticas que fueron desterrados a Estados Unidos esta madrugada del jueves, nueve de febrero de 2023.
La iniciativa de reforma constitucional fue presentada por 74 diputados de la aplanadora orteguista ante la Asamblea Nacional. El artículo 21 de la Constitución Política establece que «la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes». Según la justificación de la reforma, los presos políticos son considerados «traidores de la patria» bajo la supuesta violación de la Ley de Soberanía y por eso pierden su nacionalidad nicaragüense.
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Los presos políticos desterrados, que representan más del 80 % de los detenidos por el régimen, habrían sido trasladados desde los distintos penales de Nicaragua y la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua hacia el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino en un vuelo con destino a Washington D.C.

El vuelo despegó a las 06:31 de la mañana (hora local) y arribará a la capital estadounidense a las 11:33 de este jueves, es decir, 10:33 en Nicaragua.
Los familiares de los presos políticos todavía están a la espera de saber quiénes son los prisioneros que fueron desterrados del país y han preferido, por ahora, no dar declaraciones para no arriesgar la llegada del avión al aeropuerto de Washington. Además, hay incertidumbre sobre parientes, particularmente desconocen quiénes pudieron rechazar el ofrecimiento de destierro.
Poder Judicial confirma el destierro
El régimen de Daniel Ortega, en una conferencia de prensa en los Juzgados de Managua, reconoció el destierro al que sometió a 222 personas presas políticas como una «deportación inmediata para el cumplimiento de sus sentencias».
«En conformidad con las leyes de la defensa a los derechos del pueblo a la defensa, la soberanía y autodeterminación para la paz. Los sentenciados que por diferentes ilícitos violentaron el ordenamiento jurídico y constitucional, atentando contra la sociedad nicaragüense, perjudicando el interés supremo de la nación, por consiguiente se ordena la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas», leyó el orteguista Octavio Ernesto Rothschuh Andino, presidente de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua.