Francisco Díaz, director de la Policía Nacional, sigue confesando: Revela muerte de 42 paramilitares en Nicaragua

El primer comisionado Francisco Díaz, director general de la Policía Nacional, controlada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, continúa confesando los crímenes que han cometido contra los nicaragüenses. Durante el acto de aniversario 45 de la constitución del Ministerio del Interior y la Policía, realizado el pasado 14 de octubre, por primera vez —desde que reconoció públicamente el funcionamiento de grupos armados parapoliciales que operaban en complicidad de la Policía y del Ejército— reveló la cantidad de «policías voluntarios» que han muerto en el país.

«Reconocemos el aporte de nuestra heróica policía voluntaria, comandante Julio Buitrago Urroz. Durante nuestra vida institucional, han fallecido en cumplimento de su servicio 42 hermanos, hermanas, policías voluntarios; una mujer y 41 varones», afirmó Díaz.

El funcionario orteguista no detalló cuántos de estos «policías voluntarios», denunciados a nivel nacional e internacional como «paramilitares» o «grupos paraestatales», murieron desde 2018 a la fecha. Tampoco explicó qué tipo de acciones realizaban estos «policías voluntarios» cuando fallecieron en el supuesto «cumplimiento de su servicio», aunque fue notorio que esos «policías voluntarios» que operaban en las caravanas que se desplazaron por todo el país durante la operación limpieza de 2018, en realidad eran retirados del Ejército, con experiencia de el manejo de armas de alto calibre, que fueron reconcentrados por antiguos jefe militares o incluso estuvieron atizados por el fallecido comandante Edén Pastora.

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Díaz también mencionó que «durante los 45 años de vida institucional» de la Policía Nacional fallecieron 524 miembros de esa institución. Además, señaló que entre ese cantidad de policías muertos figuran «22 héroes y heroínas de la paz, que fueron asesinados durante el intento fallido de golpe de Estado en el año 2018», es decir, el director de la Policía sí se atrevió a contabilizar a los uniformados oficiales que murieron durante las revueltas antigobierno, pero escondió el dato de los paramilitares cayeron solo en ese mismo contexto, porque eso revelaría la ferocidad con la que actuaron esos grupos criminales paraestatales, como para que hubieran encontrado una respuesta violenta entre grupos opositores.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde junio de 2018, solo tres meses después que iniciaron las protestas sociales, comenzó a denunciar la operación de estos «grupos parapoliciales» y urgió a las autoridades de Nicaragua «desmantelarlos y proteger el derecho a la protesta pacífica».

«La CIDH reitera que es una obligación del Estado de Nicaragua desmantelar las estructuras represivas, los grupos parapoliciales y los terceros armados que están actuando en el país, las cuales deben ser investigadas y sometidas a la justicia, así como recuperar el uso legítimo y proporcional de la fuerza, en el marco del Estado de Derecho».

Policía y grupos paraestatales responsables de asesinatos en Nicaragua

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el informe sobre los «hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y 30 de mayor de 2018 en Nicaragua», divulgado en diciembre de 2018, señaló -entre la caracterización de estos hechos de violencia- que el Estado de Nicaragua reprimió las protestas por medio de grupos de choque, pero «frente al fracaso de este método tradicional de represión y al incremento de las manifestaciones, el Estado dio inicio a partir de los días 19 y 20 de abril (de 2018) a una etapa represiva de mayor intensidad que implicó, como patrón general, el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza que incluía la utilización de armas de fuego, entre ellas armas de guerra».

«Pudo observarse, como característica central, la articulación entre sí de diversas estructuras del Estado o vinculadas al Estado: la Policía Nacional, alcaldías y grupos paraestatales, que van desde los grupos de choque recién mencionados hasta grupos con mayor organización y poder lesivo, a quienes se alude socialmente como “paramilitares” o “parapoliciales”. Se trata de grupos compuestos por personas no identificadas que utilizan armas de fuego, muchas veces armas de guerra, y que actúan en coordinación con las fuerzas policiales identificadas como tales», señalaron los investigadores.

Además, determinaron que «la mayoría de los asesinatos y lesiones graves -que se registraban hasta entonces- son responsabilidad de la Policía Nacional, cuyos efectivos actuaron directamente y también de manera coordinada con grupos armados paraestatales».

Posterior a los señalamientos de los expertos independientes, seleccionados por la CIDH y designados por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el primer comsionado Francisco Díaz, en entrevista con un medio noruego, concedida en febrero de 2019, intentó defender el actuar policial y confesó que los grupos armados que atacaron a manifestantes eran integrantes de la Policía, calificándolos como «policías voluntarios».

El periodista del medio noruego le consultó a Díaz, durante esa entrevista, «¿Es correcto que estos policías voluntarios actuaron en contra de los manifestantes?» y este respondió: «Pero están debidamente legalizados, participaron como lo establecen nuestras normas jurídicas, no como lo dice la derecha nicaragüense».

Además, al ser cuestionado sobre por qué muchos de estos andaban enmascarados, aseguró que «no todos ellos eran policías voluntarios, también eran policías nuestros, profesionales. Legalmente, se establece que podemos usar pasamontañas para proteger la identidad. Entonces, muchos de ellos, que andaban de civil, no eran policías voluntarios, eran nuestros policías profesionales. La mayoría eran profesionales voluntarios en trabajo encubierto».

Las más de 300 víctimas que perecieron en el contexto de las protestas sociales, la mayoría —como lo señala el GIEI— a manos de la Policía y de estos grupos paraestatales, conocidos popularmente como paramilitares y dentro de la institución como «policías voluntarios», todavía siguen en total impunidad.