La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Nicaragua que libere en forma «inmediata» al periodista Leo Cárcamo, detenido en noviembre de 2024 y cuyo paradero se desconoce.
«Requerir al Estado de Nicaragua que proceda con la liberación inmediata de Catalino Leo Cárcamo», indica la resolución con fecha del ocho de enero del tribunal continental, con sede en San José.
También ordenó «medidas urgentes para proteger eficazmente sus derechos a la vida, integridad personal, libertad y salud».
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El periodista jubilado, de 62 años, habría sido detenido el 22 de noviembre de 2024 «por autoridades estatales y a la fecha se desconoce su paradero», según un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.
Aquel día, grupos de derechos humanos y medios de comunicación nicaragüenses en el exilio denunciaron la detención de al menos una decena de personas en redadas policiales en los departamentos de León (noroeste) y Masaya (suroeste).
Los arrestos ocurrieron tras la aprobación un día antes de una polémica reforma constitucional que otorga a Ortega y a Rosario Murillo, la condición de copresidentes y un control absoluto de todos los poderes del Estado.
La segunda detención de Cárcamo
La detención arbitraria de Cárcamo la ejecutó la Policía de León, a cargo del comisionado sandinista Fidel Domínguez. En la redada secuestraron a activistas, académicos y periodistas.
Cárcamo fue periodista de la extinta Radio Darío hasta hace cuatro años, pero dejó de colaborar con ese medio de comunicación, que ahora funciona como medio digital, precisamente para evitar ser encarcelado.
En enero de 2019, el periodista Cárcamo, cuando todavía laboraba en la emisora, fue detenido con violencia por agentes de la Policía. En ese entonces «fue interceptado por los policías que lo agredieron, lo esposaron y lo montaron por la fuerza a una patrulla», denunció en aquella ocasión el medio de comunicación radial.
Persecución a periodistas
Unos 280 periodistas nicaragüenses han salido al exilio en los últimos seis años, según la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED). Decenas de sacerdotes han sido expulsados.
Ortega y Murillo aumentaron la represión tras las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos según la ONU, consideradas por Managua como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Nicaragua ha reconocido la competencia de la Corte IDH, aunque abandonó la Organización de Estados Americanos (OEA) en noviembre de 2023.
El Consejo Permanente de la OEA declaró en esa ocasión que Nicaragua «sigue obligada a respetar todos los derechos humanos reflejados en las normas consuetudinarias (…) en las convenciones multilaterales de las que forma parte y los derivados de principios generales del derecho internacional».
