Las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba estarían a punto de entrar a «años grises» y de alta presión ejercida por el Gobierno del recién electo presidente republicano Donald Trump, que se juramenta el próximo 20 de enero, fecha que marca el inicio de la gran expectativa de las deportaciones en masas prometidas durante la campaña.
Un panel de expertos organizado por el centro de pensamiento Expediente Abierto, e integrado por Cynthia Arnson, exdirectora del Programa para América Latina del Wilson Center; Evan Ellis, profesor del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los EE.UU., y Manuel Orozco, director de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano; entre los tres analizaron lo que será la política exterior de Trump con respecto a América Latina y particularmente las dictaduras nica, cubana y venezolana.
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Entre los primeros puntos de análisis, Arnson se refirió a las primeras señales que ha enviado el nuevo mandatario de lo que será su administración; en materia de política exterior, al nombrar como secretario de Estado al senador republicano Marco Rubio, declarado enemigo de las dictaduras de la región y un «cruzado» contra el comunismo.
«Marco Rubio es un anticomunista y probablemente tomará una línea muy dura en contra de Venezuela, Nicaragua y Cuba», afirmó Arnson al iniciar si primera exposición en el evento realizado el 16 de diciembre, denominado «Trump 2.0: perspectivas y desafíos para Centroamérica, Cuba y Venezuela bajo un nuevo mandato».
En esa línea, Evan Ellis sostuvo que la administración Trump hará «esfuerzos por aislar a los anfitriones de amenazas» contra Estados Unidos y advirtió que Cuba, Nicaragua y Venezuela han sido anfitriones de organizaciones terroristas.
«Debemos recordar que ha sido Venezuela el anfitrión principal de (el grupo terrorista) Hezbollah en la región», aseguró el profesor del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra de EE.UU.
Foto: Tomada de NuevaYa
El analista también señaló que otro de los temas urgentes para la nueva administración estadounidense es el control a la migración que procede del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala), vinculando esa estrategia con posibles recortes al apoyo en temas de seguridad.
La Dirección Nacional de Seguridad de Tránsito de la Policía, en su informe semanal presentado en medios oficialistas, reveló que en los últimos dos meses, en los que ha aplicado la medida coercitiva de detención de personas que son encontradas al volante sin licencia de conducir, ha detenido a un total de 2,202 personas.
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La medida coercitiva de detención de personas que conducen sin licencia, por un período de entre 24 y 72 horas, es aplicada por la institución desde el 21 de octubre pasado.
El comisionado general Jaime Vanegas, inspector general de la Policía, explicó que las personas que han sido detenidas es porque «no tienen licencia, no tienen registro y exponen a las personas al peligro».
Además, reveló que por ahora las siguen deteniendo por 24 horas si es la primera vez que son encontrados cometiendo esa infracción a la Ley 431, y si son reincidentes pueden pasar hasta 72 horas en la cárcel y su vehículo enviado al Depósito Vehicular de cada municipio.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha detenido al menos a 25 sandinistas destacados y trabajadores del Estado a los que la dictadura «castiga» por falta de lealtad al partido o a Murillo; sin embargo, de esta lista pocos nombres son revelados, pues la dictadura mantiene bajo amenaza a sus familiares, así lo dio a conocer el último informe de Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
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Para el Mecanismo, este es un claro reflejo de que dictadura está aumentando la persecución dentro de sus mismas filas «realizando detenciones arbitrarias sin fundamentos legales, procesos judiciales manipulados y desapariciones forzadas, afectando no solo a las víctimas directas, sino también a sus familias».
En el caso de los simpatizantes sandinistas o trabajadores del Estado el régimen, como parte del «castigo», niega toda información sobre los detenidos por lo que crea una incertidumbre a los familiares. Este tipo de represión que también va a acompañada de purgas y medidas laborales coercitivas están destinadas a infundir el terror dentro del aparato estatal.
