La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), el órgano de control del sistema bancario de la dictadura, ya ha mostrado eficaces y afilados colmillos a la hora de aplicar sanciones para sangrar con miles de dólares a los bancos nacionales por faltas menores y de rutina, y eso es una muestra de lo que les espera a las instituciones financieras del país si osan incumplir la Ley de los sancionados.
Durante el 2024, han sido sancionadas siete instituciones financieras con multas que totalizan 128 mil dólares más 2 millones 219 mil 894 córdobas.
Este año la SIBOIF multó al Banco Ficohsa dos veces. La primera sanción contra esta institución financiera fue en mayo, mediante la resolución OSB-007-2024, con 20 mil dólares por «incumplimiento Norma sobre CdR», es decir, una normativa sobre Centrales de Riesgo.
La segunda mediante la resolución OSB-013-2024, de mayo de este año con 10 mil dólares por «Incumplimiento a reportar Partes Relacionadas».
Mientras que, el Banco de la Producción S.A, (Banpro), recibió dos sanciones en el mismo mes de mayo, la primera de 2 millones 146 mil 926 córdobas, por «Incumplimiento de Ley No. 842 Ley de protección de los derechos de los usuarios» y la segunda de 21 mil dólares, por «resultados de Inspección».
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Por su parte, el Banco de Finanzas (BDF), también ha recibido dos multas este año. Una en febrero de $70 mil 968 córdobas por incumplimiento a «normas de transparencias» y la otra también en febrero por un monto de 23 mil dólares, motivada por «Resultados de inspección (Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio, Norma Gestión Integral de Riesgo)».
También ha sido sancionado el estatal Banco de Fomento a la Producción, el 26 de abril de este año, con 3 mil dólares por «Resultados de Inspección».
Luego Financiera Fama, que fue multada con 10 mil dólares como resultado de «inspección a las normas para la implementación del marco contable», el 21 de marzo.
Otra multa fue para fue Banco Lafise Bacentro S.A., con 20.000 dólares. El motivo fue «resultado de inspección a las normas sobre contratación de proveedores de servicios financieros», el 21 de febrero. Y finalmente el Banco Avanz SA, con 21 mil dólares y el motivo fue «resultados de infección», el 7 de junio de 2024.
La Ley que amenaza
El dictador Daniel Ortega ordenó, el pasado 25 de noviembre, a sus operadores políticos utilizados como diputados que aprobaron la Ley de Protección a Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones, conocida como «Ley de los sancionados» con la que pretende obligar a los bancos nacionales a reabrir cuentas y reanudar servicios bancarios a los funcionarios de la dictadura y operadores políticos sancionados por la comunidad internacional.
Dicha ley amenaza a las instituciones financiera con sanciones económicas y hasta cárcel si se oponen a cumplir la nueva disposición con la que el régimen trata de evadir las designaciones, sin embargo, analistas en temas de banca y finanzas han advertido que si los bancos nicaragüenses violan las sanciones extranjeras se exponen a perder sus corresponsalía con bancos internacionales y, en consecuencia, miles de millones de dólares en remesas y pagos del comercio dejarán de circular por la red bancaria, con graves consecuencias para la economía de Nicaragua.
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No obstante, la SIBOIF ya emitió una circular reformando la normativa de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT) y a la vez estableciendo que dicha norma debe aplicarse a la la Ley de sancionados para que la restricción únicamente cobije a sancionados bajo acusaciones de legitimación de capitales y financiamiento a terroristas y no a corruptos, violadores de derechos y ejecutores de fraudes para desmantelar la democracia, como ha designado Estados Unidos y otros países a los funcionarios sandinistas.
Sin embargo, este mismo lunes el Departamento de Estado de Estados Unidos, ante una consulta de Artículo 66, respondió que cualquier «acción que busque evadir las sanciones, responderemos como corresponde».
Ley de los sancionados fue publicada en la Gaceta Diario Oficial y puesta en vigencia el mismo 25 de noviembre, horas después de haber sido aprobada en el Parlamento que controla Daniel Ortega.
