El dictador Daniel Ortega y su vicedictadora, Rosario Murillo, se burlan de los convenios internacionales contra la apatridia de la Organización de Naciones Unidas (ONU), pese que fue precisamente Ortega el que adhirió al Estado nicaragüense a esas normas internacionales para proteger a los apátridas y disminuir la cantidad de personas sin nacionalidad en el mundo.
El régimen Ortega-Murillo inició en las últimas semanas una serie de reformas legales que incluyen una modificación a la Constitución Política de Nicaragua y a la Ley General de Migración y Extranjería, en las que, faltando a sus compromisos internacionales, se aparta de la observancia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las dos convenciones contra la apatridia, en un paso que coloca al país centroamericano en el nivel de las peores dictaduras totalitarias del mundo, como Irán y Corea del Norte, tal como lo señalan defensores de derechos humanos.
Entre 2023 y 2024, Ortega y Murillo han despojado, de manera arbitraria y por razones políticas, de su ciudadanía a un total de 451 nacionales, además, han privado de sus derechos de nicaragüenses en el extranjero a decenas de connacionales más, a los que les ha negado atención consular en los países en los que se encuentran, también les han negado la renovación de sus respectivos pasaportes y se han quedado sin documento legal que los identifique como nicaragüenses, lo que podría considerarse una condición de apatridia de facto.
Burla a convenios internacionales
El régimen de Managua, en una carta enviada recientemente al secretario general de la ONU, António Guterres, se declaró «respetuoso del estado de derecho internacional», sin embargo con las reformas a la Carta Magna y a la Ley de Migración, comete una flagrante violación a los convenciones para la reducción de personas apátridas.
Existen dos convenciones de la ONU sobre apatridia, cuyos propósitos son «proteger a las personas apátridas, así como prevenir y acabar con la apatridia en todo el mundo», señala la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Se trata de la «Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954», a la que el Estado de Nicaragua se adhirió y prometió darle cumplimiento a partir del 15 de julio de 2013.
La otra es la «Convención para reducir los casos de apatridia», de la cual Nicaragua es parte desde el 29 de julio de 2013. Ambos compromisos internacionales fueron asumidos durante el segundo mandato del actual dictador, Daniel Ortega.
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ACNUR, en su sitio web oficial, en la sección dedicada al tema de la Apatridia, indica que estas dos convenciones «son los principales instrumentos internacionales en la materia», por lo que exhorta a los Estados partes a «armonizar (con las convenciones) sus políticas y legislación nacionales», y les recuerda que, al firmarlas «los Estados se comprometen a defender los principios consagrados en estos instrumentos», sin embargo, la tiranía de Nicaragua no solo violó esos compromisos internacionales sino que ahora aumenta los casos de apatridia en el mundo, desnacionalizando a nicaragüenses.
Ortega ignora artículo que prohíbe la privación de nacionalidad
En su afán por justificar sus desmanes y odios contra la oposición política nicaragüense, el régimen Ortega-Murillo se burla de la ONU al tomar en cuenta en sus legislaciones nacionales sólo puntos aislados de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de 1961, que establece normas para la «concesión y el no retiro de la nacionalidad», con el fin de prevenir que surjan casos de apatridia.
En ese sentido, la norma internacional hace efectivo el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce que «toda persona tiene derecho a una nacionalidad».
Sin embargo, la dictadura nicaragüense, en las recientes reformas constitucionales eliminó de tajo la mención a la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Además, derogó el artículo 20 de la Ley Suprema que prohibía enfáticamente la privación de nacionalidad a nacionales de Nicaragua.
ACNUR insiste en que, la Convención de 1961 promueve el principio de que los Estados conservan el derecho de elaborar el contenido de sus leyes de nacionalidad, pero deben hacerlo «en concordancia con las normas internacionales relativas a la nacionalidad, incluido el principio que debe evitarse la apatridia».
Además, el artículo 9 de esa Convención establece claramente que «los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a ninguna persona, o a ningún grupo de personas, por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos»,
Asimismo, la norma internacional establece que para evitar la apatridia los Estados pueden o bien conceder la nacionalidad a los niños automáticamente al nacer o posteriormente, previa solicitud.
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«La Convención pretende además prevenir la apatridia más tarde en la vida mediante la prohibición del retiro de la nacionalidad a los nacionales de los Estados – ya sea a través de la pérdida, renuncia, o la privación de la nacionalidad -, cuando daría lugar a la apatridia», dice el convenio que la dictadura Ortega-Murillo ha violado flagrantemente.
Régimen crea su propio documentos para sus apátridas
Actuando en contra de esos principios que buscan reducir la apatridia, la dictadura de Managua, más bien está creando instrumentos para «fortalecer» la imposición de esa condición abusiva contra los opositores nicaragüenses. Tras violar la Convención de 1961, el régimen de Managua se prepara para continuar desnacionalizando a nicaragüenses y para ello, ha asumido a su antojo una de las recomendaciones de la Convención de 1954 sobre el estatus de apatridia que manda a los estados partes a otorgar documento de identidad y viaje a apátridas que generen otros, y no los propios.
«Los Estados Contratantes expedirán a los apátridas que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados, documentos de viaje que les permitan trasladarse fuera de tal territorio», dice el Convenio.
Sin embargo, la dictadura ha creado un documento de identidad y viaje especialmente para otorgarle una especie de salvoconducto único «de salida» a los apátridas que ellos mismos condenen a tal situación.
Para ese fin, el régimen de Managua reformó el artículo 70 de la Ley General de Migración y extranjería, referido a los documentos migratorios para Nicaragüenses, crea el nuevo «documento de identidad y viaje para apátridas», con lo que a partir de ahora expulsará a todo opositor sin necesidad de entregar pasaportes tal como había venido haciendo con los grupos de desterrados que ha expulsado hasta ahora.
