Dictadura de Ortega comete «crímenes de lesa humanidad» contra educación; ONU identifica la cadena de mandos
La dictadura de nicaragua ha cometido y sigue cometiendo «crímenes de lesa humanidad» contra estudiantes, docentes, directivos académicos y otro personal de las universidades, opositores o percibidos como tales, y los principales criminales de lesa humanidad son el dictador Daniel Ortega y la vicedictadora Rosario Murillo, dice la Organización de Naciones Unidas (ONU)
En su más reciente informe sobre la situación de Nicaragua, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos (GHREN) de la ONU determinó que, a partir de 2018, tras el inicio de las protestas sociales que demandaron el fin de la dictadura Ortega-Murillo, en las que tuvieron un papel protagónico los estudiantes universitarios, el régimen de Nicaragua arremetió de manera premeditada y sistemática contra el subsistema de la educación superior con el fin de someterlo, desaparecer la autonomía universitaria y deshacerse de los estudiantes que participaron en las protestas.
Con ese objetivo, dice el informe del GHREN, la dictadura Ortega-Murillo cometió «violaciones y abusos graves del derecho internacional de los derechos humanos en contra de estudiantes, docentes, directivos académicos y otro personal universitario o de instituciones de educación superior que participaron en las protestas de 2018 y/o han sido críticos del Gobierno o considerados como tales».
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El documento dado a conocer esta semana sostiene que las violaciones y abusos cometidas por la dictadura Ortega-Murillo «forman parte de una arremetida más amplia del Gobierno contra las universidades y su autonomía, lo cual refleja su intención de controlar cualquier espacio que permita formular críticas y liderar resistencia, protesta o disidencia de manera autónoma», y por ello, el régimen de Nicaragua «ha eliminado la autonomía universitaria y la libertad académica».
Crímenes de lesa humanidad
El extenso informe del GHREN señala que, tras una minuciosa investigación encontró motivos razonables para concluir que, desde abril de 2018, diversos actores e instituciones del Estado, siguiendo órdenes emitidas por la Presidencia y la Vicepresidencia, habían estado perpetrando graves violaciones de los derechos humanos y que esas violaciones son consistentes «prima facie» con los elementos que constituyen «crímenes de lesa humanidad».
Asimismo, los expertos de la ONU señalan que, tras la investigación continuada hasta el presente, han constatado que dichos crímenes no han cesado, sino que «ha continuado perpetuándose, alcanzando a un número creciente de víctimas».
En ese sentido, los investigadores de la ONU señalan que, tienen motivos razonables para concluir que «el colectivo constituido por estudiantes, docentes, directivos académicos y otro personal universitario que se organizaron alrededor de la defensa de los derechos humanos y participaron en las protestas de 2018 y/o han manifestado posturas u opiniones distintas a la línea del Gobierno, forma parte de la población nicaragüense opositora o percibida como tal (víctima de crímenes de lesa humanidad a manos de la dictadura)».
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El GHREN identifica, entre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua en contra del sector universitario «el asesinato, la encarcelación, la tortura, la deportación y la persecución por motivos políticos».
Asimismo, advierten que, «el Grupo ha recibido información sobre posibles violaciones y abusos de los derechos humanos del estudiantado y el profesorado en los otros niveles de educación (primaria y secundaria), lo cual requiere una investigación complementaria».
Ortega y Murillo, principales criminales de lesa humanidad
El informe del Grupo de Expertos especifica que «continuó documentando cómo el Presidente y la Vicepresidenta usaron varias entidades del Estado para cometer las violaciones y abusos de los derechos humanos y crímenes descritos en el presente documento».
En ese sentido, dejan claro que las órdenes para cometer los crímenes documentados, salen de los despachos de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Pero también señalan como ejecutores al Ministerio Público, Ministerio del Interior (antes Gobernación), la Policía Nacional, el Consejo Nacional de Universidades (CNU), Consejo de Acreditación y la Asamblea Nacional.
El GHREN ya ha presentado otros informes en los que también señala a la dictadura Ortega-Murillo como perpetradora de crímenes de lesa humanidad en contra de la población en general, pero también contra las poblaciones indígenas y contra la iglesia.
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