Frente a explotación y sobrecarga a caballos, el Estado es incapaz de aplicar la Ley de Protección Animal

La viralización de casos de maltrato animal -captados en fotografías y videos- en el último mes ha generado entre la población nicaragüense graves críticas contra el régimen Ortega-Murillo, al que le señalan su incapacidad para aplicar la Ley 747, Ley para la protección y el bienestar de los animales domésticos y animales silvestres domesticados, aprobada desde 2011.

La legislación 747, pese a que tiene más de 13 años de haberse aprobado, sigue sin reglamentarse y su aplicación a infractores de esta no ha sido tan notoria en el país.

El biólogo Amaru Ruiz, investigador y presidente de Fundación del Río, explicó que dicha legislación fue aprobada tras ser impulsada justamente por la sociedad civil nicaragüense. Además, mencionó que en esta se establece que «corresponde aplicar dicha legislación al Ministerio Agropecuario y la Policía, que puede actuar de oficio, es decir, directamente sin ninguna denuncia, para detener a cualquier persona o entidad que esté violando la ley de protección animal y esté causando algún nivel de maltrato físico contra algún animal».

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Esta semana se viralizó un video en el que un caballo quedó colgado de un carretón cargado de bloques y cemento en el sector de los semáforos de La Villa, en Masaya. El hecho generó indignación en redes sociales, en las que los internautas urgieron la aplicación de la Ley 747 y el actuar de la Policía, ya que es común ver en el país a animales, sobre todo caballos, siendo maltratados, obligados a trasladar cargas superiores a su peso y con evidentes signos de desnutrición.

Ruiz asegura que en el país «no hay una aplicación real de la ley 747 y, pese a que se establecen una serie de sanciones para tratar de regular este tema y poder asegurar que no haya maltrato animal, esto no ha sucedido».

Recordó que tras la aprobación de esa legislación en el país incluso se habló de la creación de un fondo de protección animal y hasta la fecha «no sabemos si existe, si tiene ingresos o si se ha generado alguna acción con eso».

Estado de Nicaragua no tiene capacidad para proteger animales

Adicional a esto, mencionó que existe el Consejo Nacional de Protección Animal, que fue creado tras la aprobación de la Ley 747, en el que las organizaciones de protección animal tenían «un espacio, pero esto ha sido reducido por el régimen, cercenando las entidades jurídicas de las asociaciones que trabajaban en la protección animal».

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El régimen orteguista en los últimos años ha cancelado a miles de organizaciones sin fines de lucro, incluyendo muchas vinculadas a la Iglesia Católica, Evangélica, de caridad, hípicas, educación, y de atención y refugios de animales, entre esas últimas la Asociación Veterinaria de Protección y Conservación Animal, Fundación Adopción Animal Nicaragua (ADAN), Fundación Rescatando Huellas y Fundación Amarte, señaladas de supuestamente incumplir las leyes del país.

Ruiz aseguró que ese espacio de atención que daban organizaciones que se dedicaban a la protección y promoción del bienestar de animales no ha podido ser sustituido por el Estado de Nicaragua, que «se queda corto, porque nunca ha ejercido la función de la prevención, protección, eso ha estado en manos de la sociedad civil. El Estado no ha suplido, no tiene capacidad, si no tiene capacidad de ejecución de la Ley, menos que tenga capacidad de atender el bienestar animal».

El caso más reciente de sanción por maltrato animal ocurrió la semana pasada, cuando el ciudadano Darwin de Jesús Rizo Castillo, originario de Estelí, fue detenido y posteriormente acusado por los delitos de «daños físicos o maltrato a animales» por asesinar a su caballo, con un arma de fuego, en una calle del barrio 20 de mayo, en Jinotega.

El delito de maltrato animal, con la Ley 747, por ahora solo establece sanciones de multas o trabajo social y es aplicable a «todo hecho, acto u omisión consciente o inconsciente realizado por el  propietario, dueño o poseedor de un animal, que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner en peligro la vida del animal o que afecten  gravemente su salud por la sobreexplotación de su trabajo».