Las liberaciones de reos comunes siguen aumentando en Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo reveló que el próximo 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos en Nicaragua, será liberado un nuevo grupo de privados de libertad bajo el régimen de convivencia familiar.
Rosario Murillo, vicedictadora de Nicaragua, en su acostumbrada alocución, detalló que el nuevo grupo liberado será de 1,500 personas; 1,391 hombres y 109 mujer. Con dicho grupo, en lo que va de 2024, el régimen suma un total de 7,600 excarcelaciones.
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La dictadura Ortega-Murillo ha usado como excusa para las liberaciones de reos comunes las celebraciones del Día de las Madres (1,500); el 45 aniversario de la Revolución Sandinista (1,500); y las Fiestas Patrias de septiembre pasado (1,600).
La tasa de reincidencia criminal de estas personas liberadas por el régimen, según el dato que reveló a inicios de este mes el comisionado mayor Julio Orozco, director del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), es del 8 por ciento, es decir que 8 de cada 100 de estos excarcelados vuelven a delinquir y regresan a los penales del país.
Tomando en cuenta el dato revelado por el comisionado mayor Orozco y la cantidad de liberaciones de reos comunes realizadas por el régimen de estos 1500 liberados, al menos 120 excarcelados volverían a las calles a delinquir y, en caso que las autoridades logren detenerlos nuevamente, regresarían a prisión en los diferentes penales de Nicaragua.
Los diputados sandinistas y sus colaboradores zancudos en la Asamblea Nacional, que operan al servicio de la dictadura, aprobaron la controversial Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, una normativa cuestionada por diferentes actores sociales porque aumenta el control sobre los servicios de telefonía fija y celular e incluso, obliga a las empresas operadoras a servir de espías para la dictadura.
La iniciativa de Ley fue enviada al parlamento en marzo pasado y desde entonces estaba supuestamente en consulta, hasta este jueves que los 91 diputados que integran el Legislativo aprobaron por unanimidad dicha normativa.
Entre los puntos más controversiales de la nueva Ley destaca la obligatoriedad que impone a las empresas operadoras de los servicios de telefonía fija, celular e internet, a proporcionar al Estado (Policía) información de sus usuarios, que incluye hasta su localización.
Esa disposición es la que ha puesto en alerta a las organizaciones opositoras y defensoras de derechos humanos, porque al tener acceso a toda esa información las fuerzas represoras de la dictadura podrían incrementar sus acciones represivas, de vigilancia y localización contra personas adversas al régimen de los Ortega-Murillo.
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La nueva Empresa Nicaragüense para el Dragado del Río San Juan, con la que la dictadura dice que limpiará todo el afluente, desde su nacimiento en el Lago de Nicaragua hasta su desembocadura, en el Mar Caribe, ni siquiera tiene definido en su Ley creadora ni en su reglamentación, una fuente de financiamiento, según se desprende de una revisión del Presupuesto General de la República (PGR), sometido a aprobación en la Asamblea Nacional esta semana.
El pasado 28 de agosto, la Asamblea Nacional sandinista aprobó la Ley 1213, mediante la cual se crea la Empresa Nicaragüense para el Dragado de Río San Juan, dicha Ley entró en vigencia el dos de septiembre, con su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, número 162.
La Ley solo cuenta con ocho artículos. En el segundo artículo establece que «se crea la Empresa Nicaragüense del Dragado del Río San Juan, como una Empresa Pública descentralizada, con autonomía técnica, administrativa y financiera, de dominio del Estado de Nicaragua, con personalidad jurídica y patrimonio propio».
La Ley 1213 establece que la nueva empresa estatal es autónoma pero bajo la «rectoría sectorial» del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). No se establece que el MTI vaya a destinar partida presupuestaria para la entidad creada.
