Bajo un sol que a ratos se opaca por nubes que anuncian una lluvia de mediodía, una larga fila de personas se extiende frente a la sede de la Unidad de Refugio en La Uruca, en San José, la capital de Costa Rica. Muchos de ellos son estudiantes de secundaria que, con sus mochilas llenas de sueños, han dejado atrás un país donde las oportunidades de educación superior se han reducido drásticamente bajo el control del régimen de Daniel Ortega.
Bajo ese clima de ese septiembre que agoniza, estos jóvenes buscan no sólo refugio, sino también la posibilidad de continuar con sus estudios, ya sean técnicos o universitarios, según la oportunidad que logren en suelo costarricense.
El éxodo de estudiantes nicaragüenses es una realidad palpable desde el año 2023, provocada por el cierre de más de 30 universidades, la militarización de los campus públicos y la promoción de carreras ligadas a las fuerzas armadas y a la policía por parte del régimen.
Frente a este sombrío panorama, Costa Rica se ha convertido en el destino de esperanza para cientos de bachilleres que, en lugar de escoger una carrera dentro de las opciones limitadas por el régimen, deciden arriesgarlo todo por una vida académica libre y una realización profesional de su elección y no una impuesta.
Una educación «atrapada»
En los últimos años, la represión del régimen Ortega-Murillo ha afectado profundamente el sistema educativo nicaragüense. Las universidades clausuradas desde el 2021, muchas de ellas vinculadas a organizaciones religiosas y con opciones de beca, han sido sustituidas por instituciones estatales controladas por el aparato ideológico y militar del régimen orteguista.
La última de estas acciones ejecutadas por el régimen y que terminó de desmoronar el panorama educativo de Nicaragua fue la toma de la prestigiosa Universidad Centroamericana (UCA), de la orden de los jesuitas, tomada y confiscada en agosto de 2023 y que dejó sin opciones a casi 5,000 alumnos.
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Como consecuencia de la confiscación, miles de sus estudiantes cancelaron sus cursos, buscaron opciones en universidades jesuitas de El Salvador y Guatemala y otros tantos, se refugiaron en las silenciadas y tímidas casas de estudios privadas que todavía quedan «en pie» en el país.
«Mejor irse antes que humillarse ante el dictador»
Varios de estos estudiantes con quienes conversamos en la entrada a la Unidad de Refugio de este país vecino, explicaron para este reporte que en las universidades estatales tanto las antiguas como las que fueron confiscadas, las carreras y su personal docente son, en su mayoría, propagandistas del régimen.
«No fomentan ninguna educación profesional, ni pensamiento crítico, tampoco son inclusivas, hay preferencia si tenés vínculos con gente del gobierno. Ya no sirven, no hay mayor aspiración que ser serviles y repetir lo que diga el régimen aunque sean mentiras», comparte un universitario.
Añadió que en el caso de las becas y recursos para estudios en el extranjero son otorgados únicamente a aquellos que declaran una lealtad incondicional al Frente Sandinista “y al comandante”, como llama la propaganda al dictador Daniel Ortega.
«Hemos tenido que salir del país, buscar alternativas fuera de las fronteras, pero no es fácil, hay mucha incertidumbre, es un largo camino sin nada seguro, la verdad», añadió el estudiante. Recordó que todo universitario que desee ingresar a la universidad debe escribir una carta a Daniel Ortega como requisito obligatorio bajo el supuesto que así, lograrían algún tipo de descuento en los aranceles.
«Ahora hay que humillarse si querés estudiar, de nada sirve tu esfuerzo en 11 años de estudio en primaria y secundaria, no se puede aspirar a una universidad pública que es a la que uno puede ir porque la economía anda mal, si antes no te arrastrás ante este señor. Es indignante», reprochó.
Voces de esperanza
Frente a la Unidad de Refugio en La Uruca y mientras esperaban su turno para solicitar refugio y quedarse en ese país, cinco jóvenes nicaragüenses más compartieron sus historias para este reporte. Todas son un reflejo de los desafíos que enfrentan los bachilleres que dejaron su país en busca de una educación libre y digna.
Diana Martínez, es uno de ellos. Tiene 19 años. Es originaria de Estelí y soñaba desde niña con estudiar medicina en la antigua Universidad Católica del Trópico Seco.
Su futuro parecía prometedor hasta que su universidad fue cerrada abruptamente en 2022, al ser catalogada por el régimen como una institución «opositora» y todo su plantel docente fue sustituido por militantes del partido Frente Sandinista.
El régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo hasta le cambiaron el nombre y la bautizaron como Universidad Nacional «Francisco Luis Espinoza Pineda», en honor a un cura comunista que murió en un combate contra la guardia de la dictadura de Somoza en 1978.
Las opciones que le ofrecieron a Diana en su ciudad eran limitadas: convertirse en policía o unirse al Ejército desde su academia militar en Managua. «No podía ser militar porque no quiero, no es lo que quiero para mi vida. Me quitaron la oportunidad de estudiar lo que quería, pero no me voy a rendir. Aquí en Costa Rica, quiero seguir mi carrera», comenta con firmeza.
Carlos Gutiérrez es oriundo de León. Tiene 18 años. Dice que decidió emigrar después de enfrentar acoso constante en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), donde estaba inscrito en la carrera de Educación. «Cada vez que participábamos en una cátedra y mencionábamos algo negativo del gobierno, nos señalaban. Nos perseguían dentro del campus, y era imposible concentrarse en los estudios. Me cansé de las represalias», dijo.
Ahora, Carlos busca una beca para estudiar en una universidad costarricense, con la esperanza de profundizar en estudios críticos sobre derechos humanos, algo que en su país, lo llevó a ser considerado un «enemigo del Estado».
«Cierre de universidades, apaga sueños»
Andrea Valdivia estaba a pocos meses de terminar su carrera de Comunicación Social en la Universidad Centroamericana, UCA. Tiene 20 años y le cuesta creer que lo perdió todo cuando el régimen Ortega-Murillo, decidió cerrar su universidad, alegando que «era un centro de terrorismo».
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Con lágrimas en los ojos, recuerda cómo ese momento cambió su vida. Su madre estudió en esa universidad y dos de sus hermanos mayores también se graduaron allí. «Cerrar mi universidad fue como cerrar mis sueños. Toda mi familia ha tenido que apoyarme para llegar hasta aquí, y aunque es difícil empezar de cero, sé que en Costa Rica podré lograr lo que en Nicaragua me negaron», dijo.
Su adorada universidad, por la que dijo sentir orgullo, pasó a llamarse «Casimiro Sotelo» y la sola idea de ver plasmado su nombre en un diploma con ese nombre para ella “insignificante”, la llevó a acelerar la decisión de migrar.
Apenas unos días después de haber recibido su diploma de bachiller en noviembre de 2023, Kevin López decidió no estudiar en Nicaragua. Los «sapos (simpatizantes del régimen) de su vecindario» llegaron a invitarlo a aplicar a becas en la Upoli y la Universidad Nacional de Ingeniería, cercanas a su residencia, pero las rechazó con una excusa simple: «voy a estudiar inglés primero», les dijo el joven de 17 años.
A su padre, quien trabajaba en una institución estatal, le orientaron inscribirlo en la Academia de la Policía o en la Academia del Ejército. «No quiero ser parte de su ejército o de su policía, ni seguir su agenda ni que me llamen sapo», dice Kevin, con una mezcla de rabia y determinación.
Se vino a San José con su padre y ahora busca trabajo en un Call Center con lo que aprendió de inglés este año y así costear una carrera que le permita progresar. «Quiero estudiar ingeniería, no disparar un arma. Aquí en Costa Rica, tengo la esperanza de que podré ser lo que realmente quiero», dijo.
La única salida, «huir del país»
Ana ya había entrado a estudiar becada en Nicaragua, pero su universidad fue clausurada en 2023 por pertenecer a la Iglesia Católica. «Yo estaba becada en la Universidad Juan Pablo II, allá por el mercado Huembes, pero el año pasado cerraron el campus y no quise volver», dijo.
«No soporto los abusos, por mucha necesidad que tenga, no me permite la conciencia seguir estudiando ahí sabiendo que era un centro católico y ahora es un centro sandinista», dijo.
«Me mandaron a llamar, que volviera a matricular, les dije que no iba a estudiar en una universidad controlada por el gobierno, que asumiría las consecuencias, porque para mí, sería peor ser cómplice de una barbaridad», explicó.
Ana no vio otra opción más que migrar. «Mi única salida era huir. Estoy aquí para empezar de nuevo y lograr mi sueño de ser abogada, algo que en Nicaragua es imposible sin alinearse con el régimen», afirmó.
El futuro incierto de la educación en Nicaragua
El éxodo de jóvenes estudiantes es solo una de las muchas consecuencias del régimen Ortega-Murillo, que ha desmantelado no solo el sistema educativo, sino también las esperanzas de una nueva generación.
Según el exrector de la confiscada Universidad «Paulo Freire» Adrián Meza, las universidades que permanecen abiertas en Nicaragua están bajo un fuerte control político, limitando las oportunidades para el pensamiento crítico y el desarrollo profesional.
De acuerdo con su visión, los jóvenes de Nicaragua están en una cruel disyuntiva: aquellos que deciden quedarse en Nicaragua se enfrentan a la dura realidad de tener que elegir entre una carrera impuesta por el régimen o la persecución y cercenamiento de su pensamiento crítico.
«El daño que le está haciendo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a Nicaragua, es inmenso y de futuro irreversible. Está condenando a generaciones de jóvenes a la mediocridad y al desempleo, porque no les está permitiendo explotar sus pensamientos creativos y críticos, sino que los está educando para obedecer a una dictadura», dijo.
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En este contexto, dijo que la fuga de cerebros parece ser inevitable, y los jóvenes como Diana, Carlos, Andrea, Kevin y Ana son solo una pequeña muestra de un fenómeno que afecta a miles de estudiantes nicaragüenses.
Migran tras un sueño académico y profesional
Las ansías de los jóvenes por migrar, está ampliamente documentada por investigaciones y encuestas. Según la última encuesta del Barómetro de las Américas «El pulso de la democracia 2023», publicada en Washington en noviembre de 2023, casi la mitad de los 6,5 millones de nicaragüenses tiene intención de migrar y de ellos el 23% dice estar «muy preparado» para irse del país en un futuro cercano.
La mayoría de quienes opinan así, son jóvenes entre los 18 y 25 años. Es decir, la población en edad académica universitaria. Este año, la intención no cambió, sino que aumentó: más del 65% de los jóvenes quiere emigrar, según una encuesta de Cid Gallup publicada por Confidencial en septiembre de este año.
Ante la posibilidad de emigrar, un 55.4% de la población manifestó una alta probabilidad de hacerlo, mientras que solo un 40.6% afirmó que esta decisión era nada o poco probable. La crisis migratoria se agudiza entre los jóvenes, donde casi el 70% de los encuestados entre 16 y 24 años expresó su deseo de abandonar el país.
La intención de emigrar trasciende las divisiones políticas, pues incluso el 43.5% de los simpatizantes sandinistas expresaron su deseo de abandonar el país también. En su mayoría, se ven motivados a abandonar el país principalmente por razones económicas: la búsqueda de mejores salarios (37.4%) y la difícil situación económica del país (33.7%).
Estados Unidos sigue siendo el destino más soñado (43.4%), pero también se mencionan con frecuencia España, seguido por Costa Rica y Panamá.