La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y su Relatoría Especial para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) rechazan la interferencia arbitraria a la libertad académica y la profundización del cierre de espacios cívicos en Nicaragua. Esta denuncia llega por la reciente confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) y la cancelación de la personalidad jurídica de la Compañía de Jesús.
El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) también se pronunció sobre el desalojo forzado y la confiscación de la propiedad Villa Carmen en Managua, donde habitaban seis sacerdotes ancianos de la comunidad jesuita, hechos ocurridos el pasado sábado, 19 de agosto. Después del robo a la UCA, los tres sacerdotes de mayor edad fueron trasladados a El Salvador.
«En los últimos años la comunidad jesuita de la UCA ha sido víctima de asedio, acoso y hostigamiento como represalia por su apoyo y defensa de los derechos de las y los estudiantes que participaron en movilizaciones sociales del 2018. Estos hechos se enmarcan en un contexto de graves restricciones a la libertad religiosa y persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua», cita el comunicado.
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La CIDH y sus relatorías consideran que el cierre de la UCA causa un grave impacto para la sociedad nicaragüense. Señalan que desde el 2020 se ha dado el cierre de al menos 25 universidades afectando a 37 mil estudiantes, entre estos los cinco mil exUCA que ahora buscan continuar sus estudios en otras universidades de la región.
Este organismo de derechos humanos destaca las denuncias recibidas por el adoctrinamiento al que son sometidos los estudiantes de las universidades confiscadas. En sus instalaciones se instauró el proselitismo político a favor del régimen orteguista, según las quejas de los universitarios, «Proselitismo político al interior de las instalaciones para imponer el sandinismo como corriente única de pensamiento y de posición política; el control de las organizaciones estudiantiles por parte de partidarios del Frente Sandinista».se lee en el documento.
Detenciones de jóvenes activistas
La CIDH destaca la detención de miembros de los liderazgos estudiantiles en el contexto del cierre de la UCA y otros espacios donde se desarrolla la actividad académica. Eso lo valora como una represalia por disentir de la visión ideológica del gobierno. «En este marco del 19 de agosto, se recibió información sobre las detenciones de las dirigentes estudiantiles Adela Espinoza y Gabriela Morales por parte de la Policía nacional», sentencia el comunicado de la organización.
Líderes estudiantiles detenidas en el marco del cierre de la UCA
«Según los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria, cualquier interferencia a la libertad académica debe cumplir requisitos de legalidad, finalidad legítima, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos en una sociedad democrática», resalta.
Por ello, urge al Estado de Nicaragua cesar la interferencia arbitraria a la libertad académica y devolver las instalaciones y todos los bienes confiscados. La CIDH alerta a la comunidad internacional sobre el cierre y cancelación de los espacios donde se desarrolla la actividad académica como forma de represalia por parte del gobierno de Ortega y Murillo.
