El abogado y activista de derechos humanos Reed Bródy, de origen húngaro, reconocido a nivel internacional por su arduo trabajo en pro de la justicia internacional, fue nombrado por el presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, embajador Omar Zniber, como miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
El abogado Gonzalo Carrión, coordinador de documentación y acompañamiento del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, valoró que el nombramiento mismo «demuestra la preocupación» de la ONU sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua.
«Su nombramiento es el hecho mismo de que ese equipo esté, como diría en buen nica, al cien para cumplir el mandato encomendado, que es exactamente seguir documentando, en las investigaciones que realiza el equipo de expertos, e identificando particularmente a los perpetradores de las graves violaciones a derechos humanos, particularmente a los crímenes de lesa humanidad, que hasta ahora siguen en total impunidad», afirmó Carrión.
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Además, consideró que el hecho de que sea Bródy el abogado elegido para integrar dicho grupo genera «expectativas», ya que que «tiene una alta reputación de luchar contra la impunidad de los criminales».
«Ojalá que, en el caso de Nicaragua, su aporte se alinee con la necesidad de que el pueblo nicaragüense conozca plenamente la verdad de manera justa, necesaria y urgente. Es fundamental que los crímenes, hasta ahora impunes, se esclarezcan, y que las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos tengan acceso a la justicia, ya sea en Nicaragua cuando sea posible, o a través de los mecanismos que la comunidad internacional facilite en otros países mediante la justicia universal, que es necesaria, justa y legítima para el pueblo nicaragüense y sus víctimas», indicó el defensor nicaragüense, quien tuvo que exiliarse debido a la persecución de la dictadura Ortega-Murillo.
«Cazador de dictadores»
Bródy, según la misiva del nombramiento extendida por la ONU, fue ubicado en el Grupo de Expertos en sustitución de la colombiana Ángela María Buitrago, quien dimitió a su cargo dentro de dicho Grupo, que fue creado por el Consejo de Derechos Humanos en 2022 con el fin de «examinar a fondo las violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018, establecer hechos, identificar a los responsables, preservar pruebas, hacer recomendaciones para mejorar los derechos humanos y el acceso a la justicia, y colaborar con las diversas partes interesadas para apoyar los esfuerzos de rendición de cuentas».
El mandato que habilitó el trabajo de dicho Grupo de Expertos el 3 de abril del año pasado, fue extendido por el Consejo de Derechos Humanos hasta el 31 de marzo de 2025.
La ONU detalló que parte de la trayectoria de Bródy, en los últimos 40 años, ha estado enfocada a la «vanguardia del movimiento de derechos humanos, desempeñando un papel facilitador en transiciones democráticas, construyendo y ayudando a establecer oenegés sólidas, creando mecanismos de la ONU para luchar contra los abusos, descubriendo atrocidades y llevando a sus perpetradores ante la justicia».
El abogado Bródy, según la misiva de la ONU, también es comisionado de la Comisión Internacional de Juristas y ejerce como letrado en práctica privada.
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El apodo de «Cazador de dictadores» por el que es reconocido a nivel internacional el abogado Bródy tomó fuerza luego que este desarrolló un papel destacado en el caso contra el dictador de Chad, un país de África Central, Hissene Habré, conocido por su régimen brutal entre 1982 y 1990, donde miles de personas fueron asesinadas, torturadas y desaparecidas.
Bródy, según reportes de medios internacionales, fue el principal asesor y defensor de las víctimas de ese régimen y ayudó a coordinar esfuerzos legales para llevar al dictador ante la justicia, pese a que este se había exiliado en Senegal luego de ser derrocado.
La presión internacional y los esfuerzos de Bródy y otros defensores, refieren las publicaciones, lograron que en 2013 se creara un tribunal especial en Senegal, con el respaldo de la Unión Africana, para juzgar a ese dictador por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y tortura, haciendo que tres años más tarde, en 2016, fuera condenado a cadena perpetua, hecho que marcó el primer antecedente de condena a un dictador africano juzgado dentro de otro país de ese mismo continente.
