Corrupción en instituciones públicas y sobornos sangran a los más pobres en Nicaragua

El bolsillo de los nicaragüenses, elaborado por Urnas Abiertas, se ha visto gravemente afectado por las prácticas corruptas, que les absorben desde el 5 hasta el 10 por ciento de sus ingresos mensuales, según el informe «El costo de la corrupción en Nicaragua. Un estudio sobre el soborno».

El informe, realizado entre junio y julio de 2024, incluyó 24 preguntas que se aplicaron a 1,103 personas de 17 departamentos y 148 municipios de Nicaragua, según Urnas Abiertas, con el fin de «entender» cómo afecta a los nicaragüenses «el modelo económico autoritario».

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La muestra, explicó la organización, tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, y sus resultados «no son extrapolables a la totalidad del país debido a los desafíos de aplicar una encuesta aleatoria en un contexto de persecución», por lo que «solo reflejan las respuestas de las personas que completaron el cuestionario en el período señalado, sin pretender representar a toda la población».

Pobres expuestos a más sobornos y extorsiones

El informe de Urnas Abiertas detalla que las familias consultadas «absorben el 5% de sus ingresos mensuales» para sobornos o extorsiones en trámites que realizan en instituciones públicas. Pero, gastan más quienes tienen menos ingresos.

Las familias que mensualmente reúnen ingresos de 6,000 córdobas o menos, según el estudio, invierten al menos el 7.5% de esto para pagos irregulares, siendo este promedio superior a la media general.

Además, resaltan que dicho porcentaje aumenta al 10% cuando son mujeres las encargadas de las familias.

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Urnas Abiertas señala las desigualdades, incluso en el gasto que refieren. Este tipo de prácticas muestra que «a mayor estrato socioeconómico, menor porcentaje de ingresos es destinado a pagos irregulares».

«La corrupción exige, relativamente, más dinero a personas con menores ingresos o en situación de pobreza, en comparación a las que tienen mayor poder adquisitivo», afirmó la organización.

El documento detalla que las familias con ingresos superiores a 37,000 córdobas «son las que menos pierden en pagos irregulares, destinando en promedio 256 córdobas mensuales, es decir, cerca de 3% de sus ingresos.

«Los datos confirman que los pagos irregulares y la extorsión no solo mantienen la desigualdad socioeconómica, sino que la agravan, ya que las personas con menores ingresos destinan un mayor porcentaje de sus fondos para realizar trámites en las instituciones públicas o para lidiar con los efectos de la extorsión», señaló Urnas Abiertas.

Funcionarios públicos solicitan sobornos

La organización refiere que, en las consultas realizadas, comprobaron que el 45% de los pagos irregulares «son solicitados por funcionarios públicos, que ejercen soborno pasivo» y el 33% son «ofrecidos por la ciudadanía para agilizar trámites, ejerciendo soborno activo».

También, mencionó que el 23% de estos pagos irregulares «son exigidos por imposición de las autoridades», lo cual recae directamente en «extorsión».

Urnas Abiertas detalla que en su estudio comprobaron que los departamentos que reciben los montos más altos en pagos irregulares, en promedio, son: Rivas (C$51,506); Matagalpa (C$48,014); Masaya (C$35,083); Estelí (C$30,750); y Chinandega (C$28,240).