En Nicaragua, desde el 12 de septiembre, entraron en vigencia las reformas y adiciones a la Ley Especial de Ciberdelitos, ordenadas por el dictador Daniel Ortega para aumentar las penas en varios delitos, además criminaliza el uso de redes sociales y aplicaciones de telefonía celular y agrega penas de cárcel de hasta 20 años, para todo aquel que la dictadura quiera acusar de «promover, patrocinar y alentar la comisión de delitos complejos» en la Ley reformada.
Entre los cambios más visibles hechos a la Ley de Ciberdelitos, se cuentan la reforma al artículo 8, referido a la «Interferencia del sistema informático o datos». Establece que «el que intencionalmente y por cualquier medio interfiera o altere el funcionamiento de un sistema informático o los datos contenidos en él, de forma temporal o permanente, será sancionado con prisión de cuatro a siete años y trescientos a seiscientos días multa». Antes de los cambios la pena de cárcel era de 3 a 5 años y de 200 a 400 días multas.
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La dictadura también reformó la pena para el caso que quien dañe los sistemas informáticos del Estado, «o aquellos destinados a la prestación de servicios de salud, comunicaciones, financieros, energía, suministro de agua, medios de transporte, puertos y aeropuertos, seguridad ciudadana, sistema de seguridad social, educación en cualquiera de sus subsistemas, orden público y defensa nacional u otros de servicio al público», en este caso, la nueva sanción de prisión será de siete a quince años y seiscientos a mil días multa. Antes la pena de cárcel en este caso era de cuatro a seis años.
En las reformas a la Ley de Ciberdelitos, la dictadura incluyó el Artículo 30, que se refiere a lo que el régimen llama «propagación y difusión de noticias falsas o tergiversadas».
Dicho artículo de la Ley represiva 1042, establece que «quien, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, redes sociales o aplicaciones móviles, publique o difunda información falsa, tergiversada o de cualquier otra naturaleza que de forma deliberada produzca alarma, temor, pánico o zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella, a una persona o a su familia, se impondrá la pena de tres a cinco años de prisión y trescientos a quinientos días multa. Antes esta pena era de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días multa.
La dictadura Ortega-Murillo liberó a 1 mil 600 reos comunes con motivo del mes patrio, mientras mantiene presos y bajo tortura a decenas de opositores y exilia de manera forzada a otro grupo a quienes también desnacionalizó y expropió sus bienes muebles e inmuebles.
«Todas estas personas están recibiendo una nueva oportunidad para vivir rectamente y para que, en convivencia con la familia en sus hogares, sepamos apreciar este otro momento de sus vidas. Rectificar errores y continuar caminando como debemos caminar con conciencia de humanidad, podemos equivocarnos, y debemos encomendarnos», dijo Rosario Murillo, a medios oficialistas.
Los reos, entre los que figuran 1 mil 491 hombres y 109 mujeres, fueron beneficiados con el «régimen de convivencia familiar», una modalidad legal que permite a los reclusos con penas menores y buen comportamiento terminar de cumplir sus sentencias en sus casas.
La organización Miss Universe Nicaragua presentó hoy a Geyssell García, originaria de Santo Tomás, Chontales, como la nueva representante de la belleza nicaragüense y quien representará al país en el Miss Universo 2024, a realizarse en México, el próximo 16 de noviembre.
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La nueva franquicia de MUN decidió designar a su candidata por cuestiones de tiempo, luego que la anterior administración Miss Nicaragua, sufriera el ataque directo de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo que prohibió la entrada a la directora de dicho organismo, Karen Celebertti.
Celebertti dirigió el certamen de belleza más importante de Nicaragua desde el 2001, y fue luego del triunfo de Sheynnis Palacios como Miss Universo 2023 que el gobierno decidió arremeter contra dicha franquicia, ordenando además la expulsión de la familia de Celebertti.
