La dictadura Ortega-Murillo liberó este jueves a 1 mil 600 reos comunes con motivo del mes patrio, mientras mantiene presos y bajo tortura a decenas de opositores y exilia de manera forzada a otro grupo a quienes también desnacionalizó y expropió sus bienes muebles e inmuebles.
«Todas estas personas están recibiendo una nueva oportunidad para vivir rectamente y para que, en convivencia con la familia en sus hogares, sepamos apreciar este otro momento de sus vidas. Rectificar errores y continuar caminando como debemos caminar con conciencia de humanidad, podemos equivocarnos, y debemos encomendarnos», dijo Rosario Murillo, a medios oficialistas.
Los reos, entre los que figuran 1 mil 491 hombres y 109 mujeres, fueron beneficiados con el «régimen de convivencia familiar», una modalidad legal que permite a los reclusos con penas menores y buen comportamiento terminar de cumplir sus sentencias en sus casas.
En el acto de liberación de reos comunes, condenados por delito de robo, agresión y tráfico de estupefacientes, participó María Amelia Coronel Kinloch quien es la titular del Ministerio del Interior y encargada por Ortega de ejecutar el cierre de más de 5 mil ONG y ordenar las torturas psicológicas de los opositores detenidos por el régimen.
Esta es la cuarta liberación masiva de presos comunes que realiza el gobierno sandinista en lo que va del 2024. Hasta ahora la oposición no ha identificado entre los liberados este jueves a ninguno de los presos opositores que aún quedan en las cárceles del país. La liberación de reos comunes mantiene en zozobra a la población que ha denunciado un aumento de la delincuencia en el país.
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El régimen sandinista excarceló a 135 personas presas políticas y exilió de manera forzada a Guatemala el pasado cinco de septiembre, días después, Ortega desnacionalizó y se apoderó de los bienes de dichos opositores. La lista oficial de este último grupo no ha sido revelada por la dictadura.
Hasta julio de este año, el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas contabilizaba 147 presos políticos. En agosto fueron secuestrados 12 sacerdotes y laicos católicos que fueron expulsados del país y enviados al Vaticano. Con la liberación de 135 presos políticos quedan 12 personas encarceladas por razones políticas.
Los opositores que son detenidos por el régimen son procesados por «terrorismo» y otros delitos al amparo de una ley, aprobada, en 2023 y que criminalizó las protestas con hasta 20 años de prisión. Recientemente el orteguismo aprobó la reforma a tres leyes para mantener un mayor control sobre los ciudadanos, la Ley de Lavados de Activos, el Código Penal de Nicaragua y la Ley de Ciberdelitos.
Para expertos, a pesar de que el régimen encarcela a quienes critiquen al gobierno, este sigue liberando debido al miedo a las sanciones impuestas por la comunidad internacional; sin embargo, busca con las nuevas leyes atemorizar a los ciudadanos para que no se revelen, ni critiquen a la dictadura.
