Estas son las noticias más importantes del 10 de septiembre de 2024

Nicaragua revocó la nacionalidad y confiscó los bienes a un nuevo grupo de exdetenidos políticos, un total de 135 personas que por mediación de Estados Unidos fueron enviadas la semana pasada a Guatemala, en una práctica utilizada ya anteriormente y que la ONU rechaza.

La medida fue anunciada este martes por el poder judicial, señalada de estar al servicio del gobierno de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que ha aumentado la represión contra sus críticos desde las protestas de 2018, según la ONU.

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Un tribunal de Managua ordenó la «pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la Soberanía, Independencia y Autodeterminación del Pueblo Nicaragüense y dispuso el decomiso de todos los bienes de los condenados», según un comunicado.

Con esta decisión, 452 opositores nicaragüenses han sido privados de su nacionalidad desde inicios de 2023.

Un equipo de abogados argentinos y nicaragüenses inició una acción legal sin precedentes en la historia para Latinoamérica: enjuiciar bajo el fuero internacional a «criminales de lesa humanidad», específicamente a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto a sus principales cómplices en la comisión de esos delitos contra el pueblo de Nicaragua.

Aunque el régimen de Managua trata de ignorar y despreciar a la justicia internacional, un experto en derechos humanos y derecho penal que interpuso la denuncia, sostiene que Argentina tiene potestad para procesar a los tiranos nicaragüenses y detalla la acusación.

Darío Richarte, jurista argentino, experto en derecho penal y derechos humanos y catedrático de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, es quien impulsa la acusación ante la Justicia de su país contra Ortega, Murillo y sus cómplices.

Afirma, en un análisis hecho público recientemente, que el sistema judicial federal de la República Argentina, puede investigar y enjuiciar a los tiranos nicaragüenses «con fundamento en el principio de jurisdicción universal».

La denuncia incluye a «cada uno de los responsables de la estructura estatal, policial, militar y paramilitar, por crímenes de lesa humanidad, perpetrados a través de los siguientes actos: asesinato, encarcelación, privación grave de la libertad, desaparición forzada de personas, tortura, deportación o traslado forzoso de población y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos o religiosos».

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La denuncia la engrosan siete ampliaciones, presentadas entre el 15 de noviembre de 2022 y el dos de febrero de 2024. Incluye la pérdida de la nacionalidad, las confiscaciones y el destierro de facto.

Brasil se unió a un grupo de ocho países que interpondrá una denuncia ante las Naciones Unidas por los abusos de los derechos humanos en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que han sido acusados reiteradas veces de cometer crímenes de lesa humanidad por organismos de Derechos Humanos.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se sumará a una declaración conjunta con Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú, acusando al gobierno de Nicaragua de tortura, desaparición forzada y represión contra opositores, religiosos y estudiantes.

Brasil dio un cambio radical en su posición ante las acusaciones contra el gobierno de Ortega en Nicaragua, en las que había preferido guardar silencio; sin embargo, es el resultado del aumento de tensiones entre ambos gobiernos de izquierda.