La Corte Suprema de Justicia (CSJ), al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, informó este martes, diez de septiembre, que los 135 excarcelados políticos que fueron desterrados a Guatemala el cinco de de este mes, han sido desnacionalizados y todos sus bienes «confiscados».
La orden del matrimonio presidencial fue ejecutada por la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua, que según una nota de prensa publicada por los medios de la propaganda sandinista, basó la arbitraria decisión supuestamente en la Constitución Política, el Código Penal y Leyes #1055 (Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz) y Ley 1145 (Ley Especial que regula la pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense).
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La dictadura justifica el despojó de la nacionalidad a los 135 nicaragüenses supuestamente porque fueron condenados por cometer «hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando y promoviendo la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz, seguridad y el orden constitucional».
La misma Sala de la justicia orteguista resolvió «el decomiso de todos los bienes de los condenados, a fin de responder por los severos daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de estos, ocasionaron a la población y al país; con lo cual, se hace justicia efectiva, a las víctimas de estos delitos».
Entre los desterrados a los que el régimen dictatorial de los Ortega-Murillo le achaca los delitos de promover el odio, terrorismo y desestabilización al país, se cuentan jóvenes nicaragüenses como Adela Espinoza, Gabriela Morales y Mayela Campos, activistas y feministas, condenadas, desterradas y ahora desnacionalizadas y confiscadas por quemar una bandera sandinista, los pintores Óscar Parrilla y Kevin Laguna, que los criminalizaron por iniciar una pintura de la Miss Universo Sheynnis Palacios en la pared de una casa particular.
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También está el tiktoker, antes sandinista, Cristóbal Geovanni López, conocido como «Tropi Gamer», que en uno de sus vídeos defendió a Palacios de la burla de los propagandistas sandinistas del Canal 13, propiedad de la familia dictatorial o el periodista Víctor Ticay que fue juzgado por la justicia sandinista por publicar en sus redes sociales una actividad católica.
Los exreos de conciencia fueron excarcelados y enviados a Guatemala gracias a la gestión del Gobierno de Estados Unidos, que mantuvo «conversaciones secretas» con la dictadura.
