La iniciativa de reforma al Código Procesal Penal (CPP), enviada el pasado 4 de septiembre por el régimen Ortega-Murillo a la Asamblea Nacional, a juicio de activistas y defensores de derechos humanos, tiene como fin ejercer más control y persecución contra los nicaragüenses que siguen dentro del país.
Según el documento divulgado en el sitio web de la Asamblea, la iniciativa de reforma incluye cambios al artículo 230, incisos 9, 10, 12 y 13, y en estos se autoriza a la Policía de la dictadura solicitar información a proveedores de servicios informáticos, allanar, sustraer equipos electrónicos e informáticos, y exigir a las compañías telefónicas información sobre llamadas, geolocalización, mensajes de texto y de voz.
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El orteguismo incluso habilita a la Policía para exigir información sobre los titulares de las «líneas telefónicas móviles, fijas, servicios asociados, relación de llamadas, geolocalización, ubicación de las antenas emisoras y receptoras».
El activista Enrique Martínez, en entrevista con Artículo 66, apuntó que estos cambios, que elevan los poderes de la Policía orteguista, son «un paso hacia un mayor control autoritario, que refleja una intensión de aumentar la persecución y la vigilancia en un marco en el que el régimen intenta sofocar cualquier tipo de disidencia o de organización en su contra».
«El interés del régimen es controlar a quienes contratan estos servicios, está relacionado con la necesidad de identificar, monitorear y eventualmente reprimir a opositores, activistas y periodistas independientes, y cualquier persona que el régimen sandinista considere una amenaza», añadió.
Impondrán más «miedo y autocensura»
Martínez asegura que como consecuencia de estas reformas, además de las acciones que el régimen podrá realizar contra los nicas, en la población se podría «catalizar la autocensura y el miedo», sobre todo al temor de que «sus actividades en línea están bajo vigilancia y que pueden usarse en su contra».
Parte de los retos, tanto para la población como para las organizaciones, a juicio del activista, es que no se vea las nuevas medidas como una limitante y se promueva el uso de «métodos de navegación segura, como el uso de VPN, aplicaciones con mayores herramientas de seguridad digital. Tenemos el reto de educar a la ciudadanía para hacer frente a las tácticas represivas del sandinismo y socialismo».
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El abogado Danny Ramírez Ayérdiz, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh), recordó que es un derecho constitucional «la privacidad de las comunicaciones y es una libertad fundamental en una democracia».
Apuntó que el régimen orteguista busca «controlarlo todo, inclusive las comunicaciones que tienen los nicaraguenses entre sí», valorando que dichas reformas al CCP «están dirigidas a los que están dentro de Nicaragua».
«Hay interés de confiscar, ejercer mayor espionaje, vigilancia, que ya se realiza de manera física entre los CPC, policías, de instituciones y en los territorios», agregó.
El abogado afirma que el objetivo principal del orteguismo es «arrinconar, arrinconar para que Nicaragua caiga en ese falso discurso de paz» y «atormentar a los nicaragüenses».
En las últimas semanas, el orteguismo se ha dedicado a realizar una serie de cambios en los que se autoreceta más control. Aprobó reformas a la Ley de Lavado de Activos, Ley de Unidad de Análisis Financiero, con las que se autorizó a controlar remesas que reciben los nicaragüenses; y ordenó también cambios al Código Penal de Nicaragua para extender la persecución penal contra los nicaragüeses exiliados o desterrados por su régimen.
