El dictador Ortega ordenó a sus diputados reformar la Ley 406, es decir, el Código Procesal Penal (CPP) de Nicaragua, para otorgar poderes suprajudiciales a la Policía sandinista para que pueda allanar, sustraer equipos electrónicos e informáticos, exigir a las empresas telefónicas información de llamadas, mensajes de texto y voz, geolocalización y hasta bloquear cuentas bancarias sin necesidad de orden judicial.
Este miércoles, 04 de septiembre, los operadores políticos de la dictadura y sus colaboradores zancudos que fungen como diputados en la Asamblea Nacional decidieron enviar a consulta y dictamen a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, la Iniciativa de «Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 406, Código Procesal Penal (CPP)», propuesta por su jefe político, quien ya antes había ordenado que reformaran el Código Penal.
El régimen se encuentra en plena ofensiva reformando leyes penales, según los analistas, con el fin de tratar de cercar a la oposición dentro y fuera de Nicaragua controlando las remesas por miedo a que de esta manera se puedan financiar actividades antidictadura.
Según la exposición de motivos de las propuestas enviadas al Legislativo por el tirano, «las reformas procedimentales propuestas tienen como finalidad aclarar, mejorar y ampliar la forma o manera en que se deba dirigir y gestionar el proceso penal», indican.
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Asimismo, el régimen asegura que reforman las leyes penales, supuestamente para actuar contra la delincuencia organizada transnacional con suficiente celeridad para evitar que evadan la justicia.
«Se requiere de mecanismos que permitan a la autoridades de persecución y sanción penal, anticipar estas acciones de encubrimiento, asegurando tales bienes y accediendo de forma oportuna y directa, a aquella información que garantice el éxito en el enfrentamiento a la delincuencia nacional o transnacional, garantizando que esta última sea obtenida y resguardada bajo el principio de la confidencialidad y reserva de la información», argumenta la dictadura.
Encubren superpoderes para la Policía sandinista
Con la reforma y adición propuesta, el nuevo artículo 230 del Código Procesal Penal, en sus incisos 9, 10, 12 y 13, se le otorga autoridad a la Policía al servicio de la dictadura de requerir información a proveedores de servicios informáticos (proveedores de internet).
Asimismo, se le da potestad a la institución represiva para exigir a las compañías telefónicas «información de los titulares de la líneas telefónicas móviles, fijas, servicios asociados, relación de llamadas, mensajes de texto y voz, geolocalización, ubicación de las antenas emisora y receptoras».
Es decir, la Ley reformada convertirá a las empresas de internet y telefónicas en espías al servicio de la dictadura.
Nada se escapa al sistema de espionaje que está montando la dictadura a través de la reforma al CPP, pues faculta a la Policía para exigir a las empresas informáticas el «número del módulo de identidad del suscriptor, de las direcciones de protocolos de internet, la identidad internacional de un equipo móvil y los usuarios vinculados a los equipos de las empresas telefónicas».
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De igual manera, el nuevo CPP da derecho a la Policía para «realizar registros, allanamientos, inspecciones y requisas que sean necesarios» y para ello no están obligados a portar una orden judicial pues la reforma a la norma legal les otorga, en «casos de urgencia» un plazo de hasta tres días para convalidar ante un juez, también sandinista, los actos policiales.
Es tanto el poder que la reforma al CPP le da a la Policía que el director general de dicha institución puede «pedirle» a cualquier institución bancaria, ya sea pública o privada toda la información sobre las transacciones de las personas naturales o jurídicas que estén siendo investigadas.
Y el jefe policial puede ir más allá, hasta «incautar, ocupar o inmovilizar activos, títulos valores, certificados de depósito, documentos y cuentas bancarias. También podrá suspender operaciones o transacciones financieras», y no están obligados por la Ley para informar al propietario de lo incautado que está siendo investigado.
Unamos rechaza reformas represivas
Para la organización política opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos), las reformas al Código Penal, así como las leyes que regulan a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y lavado de activos, realizadas por la dictadura son para «intimidar a nicaragüenses dentro y fuera del país, amenazando las remesas que centenares de miles de nicaragüenses envían desde el exterior».
En un comunicado enviado a los medios de comunicación, Unamos advierte que es «el propio régimen de los Ortega-Murillo que realiza lavado de dinero y tráfico de personas en asociación con el crimen organizado».
«Estas reformas son inconstitucionales al pretender juzgar, condenar y confiscar a nicaragüenses y extranjeros en ausencia y son un instrumento más que pretenden poner al servicio de la represión de la dictadura», denuncia la organización opositora.
