El impacto de la persecución transnacional de opositores exiliados o desterrados que plantea la reforma de 27 artículos del Código Penal de Nicaragua, Ley 641, podría ser frenado por la comunidad internacional, valoran expertos en Derecho y Política. Aseguran que es urgente advertir a los organismos internacionales que la modificación a esta normativa solo tiene el objetivo de perseguir a los críticos a Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El régimen de Nicaragua, usando a sus diputados y colaboracionistas en la Asamblea Nacional, aprobará el próximo tres de septiembre la reforma anunciada. Es por ello que opositores hacen un llamado a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) y al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a no acatar las peticiones de las autoridades sandinistas, ya que solo atienden a una represión extraterritorial.
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La Interpol, según información de su sitio web, facilita la cooperación entre fuerzas policiales de diferentes países del mundo para capturar a personas que sean agregadas por los gobiernos a sus listas de búsqueda y captura, esto como parte de su acción para combatir el crimen transnacional, sobre todo en delitos vinculados con terrorismo, tráfico de drogas, trata de personas, ciberdelitos, entre otros.
Asimismo, el GAFI está dedicado a combatir a nivel internacional el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otras amenazas ligadas al sistema financiero a nivel internacional.
Los delitos que persiguen ambas entidades son justamente los que el orteguismo pretende incluir como las causas para extender su brazo opresor a nivel internacional contra los nicaragüenses a través de la reforma al principio de universalidad que se establece en el Código Penal de Nicaragua.
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El abogado Eliseo Núñez, opositor, exdiputado liberal y político nicaragüense, desnacionalizado por el orteguismo en febrero de 2023, resaltó que parte del objetivo de la reforma apunta «directamente a intentar acotar la movilidad, restringir a los opositores, o incluso extranjeros que están apoyando el tema de Nicaragua, porque ellos podrán poner acusación, condenar y luego poner una alerta internacional». Apunta que esto no será un problema menor «porque aunque te acojás al refugio que tenés, digamos en Costa Rica, vas a tener problemas cuando vayás a un país y no sabrás si este va a aceptar que la persecución que este régimen ejecuta es de manera ilegítima».
«Es importante hablar con la Secretaría General de Interpol, con la gente de GAFI, los que ven los temas de lavado dinero y activos en Estados Unidos, porque creería que está llegando el momento de que Nicaragua sea aislada de esos organismos, sobre todo por el uso político que pretende hacer, porque esto definitivamente va a crear una enorme distorsión si se le permite», apuntó Núñez en una entrevista concedida al programa En Contacto, producido por Artículo 66.
Además, advirtió que «si la Interpol sigue siendo activa para Nicaragua esto (las reforma al Código Penal) va a tener efecto. Entonces, aquí la solución a esto es concentrarnos en inactivar a Nicaragua en la Interpol y que no tenga los efectos que ellos (los dictadores) quieren».
Más confiscaciones y posibles expulsiones
El opositor Félix Maradiaga, experto en Ciencias Políticas y Administración Pública, también valoró que dichas reformas son parte de una «estrategia represiva más amplia y peligrosa», que además «parece diseñada para aumentar la capacidad del régimen de ejercer una represión transnacional, es decir, acciones represivas que cruzan las fronteras de Nicaragua».
«Ya no le basta encarcelar y expulsar a los disidentes más incómodos; ahora, el régimen pretende juzgar y confiscar los bienes de aquellos opositores que se encuentran en el exterior. Además, hay un endurecimiento de las penas a toda acción que el régimen interprete como opositora», denunció Maradiaga, quien también es excarcelado y desterrado político del orteguismo.
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Igualmente, indicó que el orteguismo está usando el derecho penal como «un arma política con alcance más allá de las fronteras nicaragüenses, y esto refleja una declaración de guerra no solo contra los opositores dentro del país, sino también contra los nicaragüenses en el exilio y la diáspora».
A juicio de Maradiaga, la nueva reforma también demuestra la «desesperación» del régimen ante la resistencia cívica que mantienen los nicaragüenses en el exterior, recordando el reciente «éxito» de la oposición con el rechazo que tuvo el orteguismo a la candidatura de Valdrack Jaentschke, como secretario general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
El politólogo sospecha que estas reformas obedecen a que el orteguismo se está preparando para «una nueva ola de expulsiones masivas de disidentes nicaragüenses que actualmente son presos políticos».
«En un posible escenario de excarcelación, el régimen podría usar esta reforma para forzar a los liberados al exilio, despojándolos de su nacionalidad y evitando que se conviertan en voces activas de la resistencia», afirmó.
En Nicaragua, actualmente, hay más de 150 personas encarceladas por motivos políticos en las diferentes cárceles del país, según el último informe del Mecanismo para el Seguimiento de Personas Presas Políticas.