El régimen Ortega-Murillo, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), entregó a la minera china Xinjiang Xinxin Mining Industry Company Limited una nueva concesión para explotación de minerales por 25 años en el norte del país, según el acuerdo ministerial 037, publicado el dos de septiembre en el diario oficial La Gaceta.
El gigante minero trabajará la nueva concesión minera de 483 hectáreas a través de la subsidiaria Nicaragua Xinxin Linze Minería Group, propiedad del empresario chino Edward Xiang Liu.
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«Otórguese a la empresa Nicaragua Xinxin Linze Minería Group una concesión minera para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado Río Dorado Sur», dice la resolución del Ministerio de Energías y Minas.
El terreno, que consta de 483 hectáreas, está ubicado en el municipio de San Juan del Limay, en el departamento de Estelí, a unos 180 km al norte de Managua.
Inicialmente, la empresa había solicitado una concesión minera por 600 hectáreas, que también afectaría al municipio de Achuapa, en León. Sin embargo, según el acuerdo ministerial 037 del Ministerio de Energía y Minas, esta misma manifestó su interés en reducirlo a 483 hectáreas.
El dictador Daniel Ortega ordenó ascender al grado de general de brigada a seis coroneles, los que pasan a formar parte de la cúpula de generales que han mostrado lealtad incondicional al sandinismo y a la pareja presidencial de Nicaragua.
La vicedictadora y vocera gubernamental, Rosario Murillo, dio lectura al Acuerdo Presidencial 157, mediante el cual se ordena imponer el grado de general de brigada a: Leonel Antonio Fonseca Mendoza, Vinicio Félix Chavarría Chávez, Marvin Antonio Paniagua Morales, Álvaro Francisco Rivas Castillo, Francisco Noel Jarquín López y Marco Antonio Salas Cruz.
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Durante la ceremonia militar también fueron ascendidos al grado de coronel 23 oficiales y uno a capitán de navío. Antes de estos ascensos no se conoce que haya pasado a retiro algún número importante de coroneles y generales, por lo que, al menos mientras no se conozca el retiro de generales, habrá 27 altos oficiales con ese grado.
Durante el acto de ascenso, el general de Ejército y comandante en jefe del cuerpo castrense, Julio César Avilés Castillo, que lleva ya 15 años en el cargo y a quien se le achaca haber eliminado por completo el proceso de profesionalización militar, volvió a recordarle a sus subordinados que el Ejército «es sandinista» en una actitud que sus críticos catalogan como «arrodillarse ante los dictadores, para mostrarles lealtad absoluta».
Antes de asestar el último golpe a funcionarios públicos del Estado con una barrida masiva bajo la excusa de una «reorganización y promoción de la eficiencia», el régimen Ortega-Murillo ya había sometido a sus trabajadores a la humillación, al escarnio y últimamente a la persecución.
El régimen los ha ido desgastando, «quemando» y desechando lentamente en un largo proceso de purgas internas. Las acciones de sometimiento y explotación de los trabajadores estatales son variadas: primero los obligaron a lo que en Nicaragua llaman «rotondear»; que es hacer plantones en las rotondas de la capital para mostrar su apoyo al régimen, después, los obligaron a ir a marchas y a contramarchas de opositores.
En el peor de los casos, a una buena parte los hizo cómplices de sus crímenes, los armó y les ordenó matar, reprimir y delatar a amigos, vecinos y hasta familiares, que en 2018 se lanzaron a las calles para exigir el fin de la dictadura. A cambio de todo eso, ellos podían conservar la plaza de trabajo en las oficinas del Estado.
Pero el régimen no les tuvo compasión y cuando llegó el momento de pasar por encima de ellos como lo hace ahora, lo hizo sin miramientos. Primero les quitaron los bonos salariales y desde entonces, todos sus derechos han ido en picada, hasta este mes, que el régimen ordenó despidos masivos.