La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se sigue ensañado contra la Iglesia católica nicaragüense. Esta vez han desatado una nueva escalada represiva con uso de la fuerza contra religiosos que pastorean parroquias de las Diócesis de Estelí y Matagalpa, que continúan a cargo del obispo Rolando Álvarez, exreo de conciencia en el destierro desde el 14 de enero de 2024.
Según reportes ciudadanos, entre el 27 de julio y el dos se agosto, el régimen ha ordenado el secuestro de 11 sacerdotes y un diácono, diez de ellos destinados a Matagalpa.
Esta es la lista de los religiosos privados arbitrariamente de su libertad por la Policía bajo las orientaciones de los Ortega-Murillo:
1- Monseñor Ulises René Vega Matamoros (Matagalpa)
El sacerdote Vega Matamoros se desempeña como vicario judicial y responsable de la pastoral familiar de la Diócesis de Matagalpa. Además, funge como párroco de la iglesia San Ramón. Fue secuestrado el primero de agosto.
2- Monseñor Edgar Sacasa (Matagalpa)
El religioso Edgar Sacasa es vicario pastoral de la Diócesis de Matagalpa, es cura de la parroquia San Isidro. También fue detenido por la Policía sandinista el primero de agosto.
3- Padre Antonio López (Matagalpa)
López es párroco de la iglesia Nuestro Señor de Veracruz en Darío, Matagalpa. Fue detenido este dos de agosto.
4- Padre Ramón Morras (Matagalpa)
Fray de la Parroquia Inmaculada Concepción de Maria en Sébaco, Matagalpa.
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5- Padre Marlon Velásquez (Matagalpa)
Fue rector de la Universidad católica Juan Pablo II. Tiene un doctorado en Antropología teológica por la Pontificia Universidad Gregoriana con una tesis sobre la dignidad del indígena. Arrestado arbitrariamente por el régimen el dos de agosto.
6- Padre Jairo Pravia (Matagalpa)
Pravia tiene 19 años como párroco de la iglesia Inmaculada Concepción en Sébaco. Fue detenido con violencia el dos de agosto, según denuncias en redes sociales.
7- Padre Víctor Godoy (Matagalpa)
Godoy se desempeña como vicario parroquial de la Iglesia Inmaculada Concepción en Sébaco . Fue detenido junto a al padre Pravia luego de pasar horas siendo acosados por la Policía en las afueras de la parroquia, según denuncias de feligreses.
8- Padre Raúl Francisco Villegas (Matagalpa)
El sacerdote de origen mexicano está a cargo de una parroquia en Matiguás, Matagalpa. Forma parte del grupo de sacerdotes detenidos el dos de agosto.
9- Padre Salvador López (Matagalpa)
López tiene dos años como párroco de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en Las Calabazas Ciudad Darío. También detenido este dos de agosto.
10- Fray Silvio José Romero (Juigalpa)
En 2018, Romero durante una homilía en la catedral Metropolitana de Managua afirmó que «la Iglesia no puede ni debe ser neutral, sino que siempre debe estar al lado del crucificado». El fraile pertenece a la Diócesis de Chontales.
11- Padre Frutos Valle Salmerón (Estelí)
Entre los sacerdotes detenidos se encuentra el padre Frutos Valle Salmerón de 79 años, a quien el Vaticano nombró “ejecutor ad omnia” de la Diócesis de Estelí, de la cual monseñor Rolando Álvarez (ahora en el destierro) era administrador apostólico. De forma extraoficial se conoce que fue trasladado al Seminario Interdiocesano de Fátima en Managua, donde tiene «casa por cárcel»
12- Diácono Ervin Aguirre (Matagalpa)
Aguirre fue nombrado en julio pasado diácono en la comunidad de San Pablo, perteneciente a la Diócesis Media Parroquia Nuestra Señora de Lourdes de La Dalia, Matagalpa.
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Hasta el momento el régimen sandinista no ha declarado sobre la situación judicial de dichos religiosos, ni revelado el motivo de las detenciones masivas contra los líderes católicos.
La mayoría de detenciones se dan contra los clérigos que estaban bajo la dirección de las Diócesis que dirigía el obispo excarcelado Rolando Álvarez que fue enviado a Roma a principios de 2024. En octubre pasado, 12 sacerdotes fueron desterrados al Vaticano tras un acuerdo con la Santa Sede.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicó un informe en que afirma que los sacerdotes nicaragüenses que estuvieron encarcelados en los últimos años sufrieron acoso físico, «desnudez forzada», torturas y otros tratos crueles, que, a su juicio, constituyen delitos de lesa humanidad.
